La única suma de conceptos que lograría situar a Canarias por encima de la media de inversión por habitante es la que integraría tanto las aportaciones directas del Estado y las de los convenios que suscriben ambas administraciones, como las destinadas a subvenciones al transporte de pasajeros y de mercancías en las Islas (Capítulo IV). Esa partida, sin contar el transporte marítimo por no venir desglosado territorialmente en el proyecto, alcanza en 2016 los 316 millones y sitúa la cifra de fondos globales de la Administración central en las Islas en 745 millones. A partir de ella, la inversión por habitante se dispararía hasta los 317 euros, 75 por encima de la media en el conjunto de las regiones. Esta es la partida que generalmente tiene en cuenta el Gobierno central de turno para medir la aportación real presupuestaria a Canarias, mientras la comunidad autónoma exige que esa media debe extraerse de las inversiones directas y en todo caso de los convenios y planes específicos de infraestructuras, no del capítulo de subvenciones destinados a compensar la insularidad y la lejanía de Canarias, por su condición como región ultraperiférica, que requiere de una medidas compensatorias reconocidas en el REF y en el propio Tratado de la Unión Europea.
