El Gobierno regional y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han dado vía libre al reglamento que desarrolla las medidas fiscales del REF (Régimen Económico y Fiscal) convalidadas por Bruselas a finales del año pasado, y que el Gobierno central aprobará en Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre. Con el reglamento, se dotará a todos los instrumentos fiscales del REF, como la Reserva para Inversiones (RIC), la Zona Especial Canaria (ZEC) o la Deducción por Inversiones (DIC), "de plena seguridad jurídica, con reglas claras que eviten discrepancias interpretativas y con el objetivo de que alcancen su máximo potencial", según anunció ayer el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega,
Ortega, tras el Consejo de Gobierno, resaltó como uno de los aspectos relevantes del nuevo reglamento la deducción por inversiones en el cine, pues, de forma excepcional, las producciones no estarán sujetas al límite establecido por Bruselas en la acumulación de ayudas fiscales de las empresas que operan en Canarias (el 10% del volumen de negocio, salvo para las industriales, que se elevan al 17,5%).
En el reglamento queda claro que las deducciones fiscales al cine no quedan sujetas a tales límites, permitiendo un tope de 50 millones de euros por empresa y año en el ahorro fiscal, lo que incentivará aún más la captación de grandes proyectos internacionales, a la vez que se cumple estrictamente con el marco legal comunitario, informó Ortega. Las producciones de cine en las Islas tienen ayudas más ventajosas en la DIC que en la Península y se pueden acoger también a la RIC y operar en la Zona Especial Canaria.
En el reglamento se definen con claridad los mecanismos para que las empresas no superen el límite de acumulación de ayudas establecido por Bruselas. También se establecen límites en la Deducción por Inversiones en África Occidental, de forma que las empresas no podrán superar los 7,5 millones anuales, mientras que la bonificación por los gastos de publicidad en el exterior tendrá un tope de dos millones por cada ejercicio fiscal. En la RIC, el reglamento aborda la dotación de los beneficios derivados de la venta de inmuebles, pero siempre que se destinen obligatoriamente a la creación de empleo o a nuevas inversiones. También se definen los mecanismos para que los pequeños empresarios y autónomos canarios puedan agrupar sus beneficios y acceder de forma conjunta a proyectos de mayor dimensión. Además, se suaviza el régimen sancionador, que suponía un gran lastre para las pymes.
