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Los sindicatos rechazan el presupuesto por reducir el gasto para desempleo

UGT acusa al Estado de negar una partida de 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo

Gustavo Santana, de UGT

Los sindicatos en Canarias rechazan los Presupuestos Generales para 2016 presentados por Fomento al negar una partida de 42 millones de euros destinada a los planes de empleo y dejar sin cobertura a los parados de larga duración.

CC OO critica que el gasto previsto para la protección al desempleo y en políticas activas sea un 39% y un 32% menor, respectivamente, que en 2011, cuando los datos del paro coincidían con 4,12 millones actuales en el conjunto del Estado.

Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canarias, considera que esta propuesta no se ajusta a la realidad económica y social del país al detectar el mismo descenso en las partidas destinadas a garantizar la cobertura para desempleados, sobre todo para los casos de larga duración, el 45%. Además, Santana explicó que el acceso al Plan Prepara, que ofrece una mensualidad de 426 euros, está sembrado de trabas. "El Gobierno utiliza los presupuestos con un fin electoralista cuando realmente está poniendo en riesgo el cumplimiento del objetivo del déficit", valoró el líder de UGT.

"Con el recorte de la protección por desempleo, el Gobierno financia la rebaja de impuestos y del déficit público", denunciaron, a su vez, los representantes de CC OO a través de un comunicado, al tiempo que subrayaron que ésta se recortará en 2016 en 5.483 millones con respecto a las cuentas de 2015 y en casi 2.000 millones respecto a lo gastado este año.

Por otro lado, Santana aseguró que los Presupuestos son injustos con la perspectiva de crecimiento del Archipiélago e impide una redistribución honesta de la riqueza. El secretario general de UGT en Canarias entiende que el buen rendimiento del sector turístico ofrecía una oportunidad de desarrollo social que queda bloqueado con el limite del gasto establecido en el 1,8%, por el Estado para todas las comunidades. En principio, este capital debía repercutir en un aumento de la inversión en materia social. Pero, con este impedimento, el Gobierno lastra unas cuentas autonómicas en las que, a su vez, "han derivado las competencias respecto al gasto social".

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