El primer fin de semana de septiembre de 2006 Canarias registró la entrada de 1.400 inmigrantes. Sólo ese sábado llegaron a las Islas 640 sin papeles. El Archipiélago vivía entonces el peor momento de la llamada Crisis de los cayucos y los centros de acogida se vieron desbordados con el paso de 40.000 internos. Nueve años después, el escenario es muy diferente. Solo 296 personas arribaron a la costa insular en 2014, según datos de Interior, y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se encuentran vacíos. Por este motivo y con la intención de ofrecer un servicio "más humano", Victoria Rosell, juez de control del CIE de Las Palmas de Gran Canaria, propone cerrar estos recintos de reclusión para atender al emigrante en pisos tutelados.
El periódico El Mundo se hizo eco ayer de una circunstancia imposible hace una década. El pasado 13 de julio sólo había un interno en Barranco Seco, un recinto con capacidad para 168 personas. La magistrada Rosell explicó ayer que lo habitual en la rutina actual de este CIE es encontrar una decena de trabajadores por cada extranjero. Esta proporción es mayor en el recinto de Hoya Fría, en Tenerife, que cuenta con 326 plazas. Por este motivo y en base a su experiencia como juez de control, Rosell considera que ha llegado el momento de abrir el debate sobre los usos y servicios que ofrecen los dos centros de internamiento operativos en la actualidad en territorio canario, de los siete que existen en el conjunto del Estado.
"Canarias es, por el número de inmigrantes que recibe hoy, el escenario perfecto para empezar a preguntarnos si no será mejor hacer uso de las entidades locales para atender a estas personas antes que encerrarlos en centros infrautilizados", expuso. Esta magistrada rechaza el internamiento vigilado y la privación de la libertad ambulatoria para personas que "no han cometido ningún crimen, tan solo una falta administrativa".
El coste económico que supone mantener una plantilla formada por policías, personal médico, comedor y lavandería, entre otros gastos, es elevado y las repatriaciones inminentes se pueden tramitar a través de Madrid. Por eso, Rosell, portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, plantea criterios de índole humanitaria a la hora de establecer las prioridades en el trato de los inmigrantes irregulares con el objetivo de garantizar sus derechos. Además, argumenta que el 50% de los internos no son devueltos. Tras 60 días de encierro se les deja en la calle "a su suerte", sin ningún tipo de atención o herramientas para salir adelante. En muchos casos, lo hacen tras sufrir una experiencia traumática que les anula socialmente. "Tampoco nos podemos olvidar de la persona a la que se le ha caducado el permiso o que lleva 15 años en España, se le arranca de su realidad y después no se les retorna a su tierra", añadió.
La magistrada apuntó que lleva tiempo "alertando de que se producen alteraciones en los derechos del emigrante" y enumeró carencias como las dificultades a la hora de contactar con sus familiares, el acceso a la documentación para gestionar el asilo, refugio y expediente o la asistencia de un mismo letrado. "Al llegar a Fuerteventura o a Lanzarote son trasladados y pierden al abogado que conoce su historial", expuso antes de destacar "la discriminación y el aislamiento que sufren las mujeres, ya que sólo hay una o dos y están incomunicadas", explicó.
Por todo esto, la magistrada sugiere buscar una alternativa al internamiento, como los pisos tutelados o el uso de centros de acogida de los cabildos que en la actualidad no están en uso y que permitiría a una mayoría de irregulares sin historial delictivo una rutina de entrada y salida controlada con la posibilidad de asistir a cursos de formación, poder elegir su propio abogado, médico o estar en contacto con su familia. "En la mayoría de los casos no hay riesgo de fuga", plantea esta, "ya que se trata de gente que lo ha pasado mal, que no tienen recursos y cumplen con el régimen que se les impone al estar aquí en busca de un futuro mejor".
Pero Victoria Rosell sostiene que todo esto necesitaría de la colaboración activa de distintas asociaciones ciudadanas y ONG. "Me consta que el Colegio de Abogados ofrecería sus servicios en estos pisos", sostiene en su propuesta.
