La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife dictó el pasado día 29 de julio un auto por el que concede un plazo de diez días para que tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares personadas en el caso Las Teresitas presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o, por el contrario, pidan el sobreseimiento de la causa. Asimismo, contra esta resolución se podrá interponer recurso de reforma en un plazo de tres días y/o apelación en cinco días.
En el auto se acuerda unificar en uno solo los dos procedimientos que, hasta el pasado mes de abril, se tramitaban por separado debido a que la causa contra el exalcalde de Santa Cruz y exsenador Miguel Zerolo se estaba investigando en el Tribunal Supremo.
El hecho de que Zerolo tomara la decisión de renunciar a su acta de senador a finales del 2014 -después de que el Tribunal Supremo dictara una sentencia en julio de ese mismo año en la que lo inhabilitaba durante ocho años para el desempeño de cargos públicos electos, al considerar como probado que el exalcalde había cometido un delito de prevaricación administrativa de manera continuada por su actuación en el caso García Cabrera- impidió al Supremo continuar con las investigaciones sobre el papel que pudo jugar el exregidor chicharrero en la operación de compraventa de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas.
Inhibición
Pese a que la renuncia de Zerolo se hizo efectiva en diciembre del 2014, no fue hasta julio del siguiente año cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó la inhibición al Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz, donde ya se investigaba a otras 12 personas entre exediles, empresarios y técnicos municipales por las decisiones que pudieron tomar para que el Ayuntamiento de Santa Cruz pagara a la empresa Inversiones Las Teresitas más de 52 millones de euros por 11 parcelas del frente de playa, una cantidad que, a juicio de la arquitecta municipal Pía Oramas, superaba en 30 millones el valor real de dicho suelo.
Una vez que la investigación realizada en el Supremo llegó a los juzgados tinerfeños, se tuvieron que unificar ambas causas, es decir, la de Zerolo con la de las otras 12 personas que también están imputadas por esta operación de compraventa realizada ya hace catorce años.
En cuanto a los delitos que pesan sobre las doce personas que están imputadas, la Fiscalía ya ha pedido ocho años de prisión para el exconcejal nacionalista Manuel Parejo, quien ya fue condenado a tres años de prisión por su actuación en el caso mamotreto.
Además, la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para el resto de imputados, es decir, el exedil socialista Emilio José Fresco y el concejal del PP José Emilio García Gómez, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín; los funcionarios Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate Peraza de Ayala, Antonio Messía de Yraola y José Luis Roca; y los empresarios Ignacio González Martín, Pedro González Santiago, Antonio Plasencia Santos y Carlos Plasencia Romero.
También considera que los acusados deberían indeminazar al Consistorio con 39 millones de euros por la operación de compraventa de los terrenos de la playa.
Sobre las penas que se pedirán para el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, aún habrá que esperar para conocerlas pues la juez ha dado diez días para que las partes presenten sus escritos de acusación.
Por el momento, la magistrada ha dictado otro auto, fechado el 30 de julio, en el que insta a Miguel Zerolo -cuya supuesta actuación en la operación de compraventa de los terrenos de Las Teresitas pudo haber sido constitutiva de un delito de prevar icación y malversación de caudales públicos- personarse en los Juzgados mañana, con el fin de notificarle la unificación de los procedimientos judiciales.
