La primera sesión del juicio por el caso Patronato, que sienta en el banquillo a la diputada popular Águeda Montelongo, arrancó ayer con sorpresa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Un auxiliar administrativo del Patronato de Turismo de Fuerteventura, que también es juzgado por falsificación, prevaricación y malversación de fondos públicos, responsabilizó a Montelongo de amañar facturas para abonar con una subvención del Gobierno de Canarias la estancia en hoteles y el uso de un coche de alquiler por dirigentes nacionales y regionales del Partido Popular (PP) que visitaron la isla majorera en 2010. Es más. El acusado asegura que el PP le convocó a una reunión en su sede de La Oliva y le pidió de manera expresa que "apechugara" con el marrón, esto es, que hiciera "acto de contrición" y asumiera la "culpa" porque él no tenía ningún cargo público vinculado al partido.
"La consejera me pidió que hiciera las reservas y me ordenó que cambiara las facturas. Las órdenes las daba ella", declaró Santiago Santana Herrera sobre la actuación de Águeda Montelongo, que entonces era consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, vicepresidenta del Patronato y presidenta de la formación conservadora en la Isla. Ahora ocupa los mismos cargos, pero en la oposición.
Santana se encargaba de la promoción interna, es decir, de organizar la estancia de los periodistas extranjeros que venían invitados a Fuerteventura para promocionar la Isla como destino turístico. Esos gastos se pagaban con cargo a una partida de 257.306 euros que el Gobierno regional concedió al Cabildo para ese fin. El exempleado del Patronato admitió que Montelongo le dio indicaciones para reservar habitaciones en dos hoteles a nombre de tres parlamentarios nacionales del PP, así como de un coche de alquiler para Manuel Fernández, que era secretario general del PP en Canarias. Luego, añadió el imputado, la consejera le dio instrucciones para que las facturas se hicieran a nombre de determinados periodistas especializados para justificar el gasto y pagarlo con los fondos del Cabildo. "No hice eso por mi cuenta y riesgo, las órdenes me las daba ella", agregó.
Penas de cárcel
El fiscal Luis del Río reclama por esos hechos cinco años y cuatro meses de cárcel para Santana, mientras que para Montelongo pide cuatro meses más de prisión, la misma pena que solicita para José Luis Cabrera Bonny, exgerente del Patronato de Turismo. Este tercer acusado también fue interrogado ayer y negó su participación en el amaño de las facturas, incluso rechazó que estuviera al tanto de las visitas de los dirigentes del PP y se desmarcó de la pertenencia a esa formación.
Una de esas facturas es de 560 euros y supuestamente se confeccionó a nombre de periodistas extranjeros para encubrir la estancia del senador Tomás Burgos Beteta y su esposa en el Hotel Faro de Jandía, entre el 30 de marzo y 2 de abril de 2010. La otra, de 92,82 euros, se corresponde con un coche alquilado en Cicar SL por el diputado Manuel Fernández para recorrer Fuerteventura entre el 24 y el 27 de enero de 2010, y la tercera ascendió a 693 euros por el alojamiento en el Sheraton entre el 9 y 12 de abril de 2010 de Ramón Moreno Bustos y de Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Estos dos últimos declararon como testigos por videoconferencia. Se limitaron a decir que vinieron invitados a la Isla por el PP a un acto relacionado con las pensiones y que éste asumió el pago de los gastos. Algo similar dijo Fernández, aunque añadió que "nunca se imaginó" que el Patronato pagara finalmente el alquiler de su coche, pues en el concesionario le indicaron que se hacía cargo su partido.
Montelongo, en contra de lo declarado por su auxiliar administrativo, niega haber dado instrucciones para que éste hiciera las reservas y modificara las facturas, como sugieren, además, varios correos enviados por el propio Santana en los que alude al "compromiso" de la consejera.
La diputada sostiene que lo ocurrido obedece a "un error material e involuntario" en la tramitación de las reservas, que fue subsanado de forma "inmediata" por el PP tras enterarse por los medios de comunicación, antes, incluso, de que se presentara la denuncia, según enfatizó. Después añadió que firmó los documentos y autorizó los pagos porque estaban convenientemente fiscalizados por Intervención, además de avalados por los informes jurídicos.
Sin embargo, María Dolores Miranda López, interventora del Cabildo, aclaró que entre sus funciones no está la de comprobar físicamente quien se aloja en un hotel, sino cotejar la documentación remitida por el Patronato. Lo mismo dijo otra trabajadora de ese departamento, María del Carmen Cedrés.
También testificaron otras cuatro empleadas insulares y el denunciante, Guillermo Concepción, que puso los hecho en conocimiento del fiscal tras ser expulsado del PP. Era, en ese momento, vicepresidente del Cabildo. El juicio continúa hoy con una nueva sesión en la Sala de lo Penal del TSJC.
