El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dejó ayer visto para sentencia el juicio celebrado en la Sala de lo Penal contra la diputada popular Águeda Montelongo y otros dos acusados por un supuesto amaño de facturas para pagar en 2010 con fondos del Cabildo la estancia en Fuerteventura de cuatro dirigentes del PP, entre ellos el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Dos excargos locales de los conservadores en La Oliva han ratificado en esta última sesión que la exconsejera insular de Turismo se reunió con el auxiliar administrativo Santiago Santana Cabrera, también acusado, para que se responsabilizará públicamente de los hechos.
"Me llamó el secretario insular del partido, Carlos Figueroa, para reunirnos con Santiago y Montelongo. Le pidieron que enviara una nota a los medios de comunicación y admitiera que todo había sido un error cometido por él en el Patronato", declaró Marcelino Umpiérrez, que entonces era presidente del comité local de La Oliva y había propuesto la contratación de Santiago Santana para que trabajara en Turismo.
El testigo añadió que su compañero de formación se sintió "incómodo" tras ese encuentro, ya que no se esperaba una propuesta de ese tipo, sobre todo porque las gestiones que realizaba siempre eran por orden del gerente del Patronato y de la consejera, añadió Umpiérrez, que le aconsejó en privado declinar la propuesta.
Coincidencia y sorpresa
Ángela María Guerra, que fue secretaria local en La Oliva, agregó que Umpiérrez la informó de esa reunión. Ambos testigos, por tanto, coinciden con la versión dada en la vista oral por Santana, quien, por primera vez en los cinco años de proceso, responsabilizó directamente a Montelongo de los correos enviados por él mismo para poner las facturas a nombre de periodistas extranjeros y poder abonarlas con fondos del Cabildo destinados a la promoción turística. Asimismo reveló la existencia de esa reunión y de las supuestas presiones para que "apechugara" con la culpa, un dato inédito que llamó la atención del tribunal al pedir una aclaración del acusado.
Después de esas testificales y las de los responsables del Hotel Faro de Jandía, la empresa de coches Cicar y del hotel Sheraton, el fiscal Luis del Río elevó a definitivas sus conclusiones y repasó en su informe final la prueba practicada en los dos días de juicio. Del Río mantuvo su petición de cinco años y ocho meses de cárcel para la actual diputada regional del PP por los delitos de prevaricación, falsificación de documentos y malversación de caudales públicos (también continúa como presidenta de los populares en Fuerteventura y es consejera del Cabildo, pero en labores de oposición). El mismo castigo reclamó para José Luis Cabrera Bonny, exgerente del Patronato, y sólo modificó sus conclusiones respecto a Santiago Santana: sólo le pide un año y nueve meses de cárcel como cooperador de malversación (alternativamente interesó tres meses menos de prisión para el caso de que se aplique el nuevo Código Penal). Todos, además, se enfrentan a diferentes inhabilitaciones y multas.
Y es que, según Del Río, la prueba "fundamental" para condenar a los acusados es la documental, es decir, las facturas y los correos enviados para hacer las reservas, la cual, además, ha sido corroborada en la vista oral por la declaración del coimputado Santiago Santana. "Se usó el dinero procedente de una subvención del Gobierno de Canarias para pagarle el coche y el hotel a cargos del PP", resaltó el fiscal en su informe. También replicó que la "hipótesis del error" en el pago de las facturas "se cae por su propio peso", pues siempre se "benefició" al mismo partido. Por eso y porque "rozamos límites no aconsejables de corrupción política", opinó, el ministerio exigió una sentencia condenatoria. Por eso y por el "prestigio de la Administración de Justicia", añadió Del Río en su intervención.
En cambio, Eligio Hernández se mostró "convencido" de la absolución de Montelongo. "¿Alguien cree que va a falsear la verdad por 1.430 euros para poner en peligro su libertad y el prestigio de su partido?", se preguntó en su alegato final el abogado y ex fiscal general del Estado. Según Hernández, no existen documentos que prueben la intervención directa de la consejera, porque "ni mandó los correos ni ordenó que se mandaran y tampoco habló con los recepcionistas de los hoteles", subrayó.
El letrado considera que la única prueba es la declaración del coimputado y ésta adolece de "grandes contradicciones", pues el propio Santana cometió el "error" de "confundir" la tramitación de las reservas que le pidió el PP. "No se puede fundamentar una condena en ese error", afirmó.
Es más. Hernández concluye que la denuncia se hizo por "enemistad política" y debió ser rechazada por su mala fe", entre otros motivos porque ni siquiera se abrió un investigación previa para ver si había infracción administrativa, sino que Guillermo Concepción, entonces vicepresidente del Cabildo y vinculado al PP, puso el expediente directamente en mano de los tribunales. Tampoco se debió aceptar la denuncia porque los fondos se reintegraron antes de que fuera presentada. En ese sentido, pidió la atenuante de reparación del daño si el fallo es adverso.
Los abogados Álvaro Campanario y José Manuel de León también pidieron la absolución de José Luis Cabrera y de Santiago Santana, respectivamente.
