La celebración el pasado viernes de la Diada de Cataluña ha coincidido, no por casualidad, con el inicio de la campaña para las elecciones catalanas del 27 de septiembre. Estas elecciones las quieren convertir los partidos soberanistas en un plebiscito en el que se decide si Cataluña continúa dentro del Estado español o inicia un proceso de construcción de un Estado propio. Estamos, por tanto, en un asunto de gran calado que puede afectar gravemente tanto a España como a la Unión Europea.
El proceso separatista catalán, como antes fue el de Escocia, es una más de las graves crisis que viene sufriendo el proceso de construcción europea en los últimos años. Se suma a la crisis del euro, al conflicto con Grecia, el anuncio de un referéndum en el Reino Unido, las graves tensiones con Rusia por Ucrania, la lucha contra el terrorismo y la dramática crisis inmigratoria de los últimos meses.
Europa está viviendo uno de los períodos más difíciles desde que inició hace décadas su proceso de unificación. En este contexto, las elecciones catalanas, primera fase de las elecciones generales de noviembre, coinciden con las elecciones en Portugal el 4 de octubre, incluso las de Polonia antes de finalizar el año. Todos estos procesos electorales marcarán de forma importante la evolución del proceso europeo. Por eso todos los partidos españoles se han metido de lleno en este proceso electoral: el resultado influirá decisivamente en inclinar la balanza hacia el principio de la recuperación política, no sólo económica, de la sociedad española o, por el contrario, un agravamiento aún mayor de la crisis política que padecemos desde hace años.
Basta leer las declaraciones de Artur Mas estos últimos días a uno de los rotativos más importantes de Europa, Financial Times, para calibrar el grado de tensión y dramatismo en que se ha convertido la campaña catalana. Dice que está convencido de ganar. Y si lo logra se sentirá autorizado para poner en marcha el proceso de "desconexión" de Cataluña con España. No se anda con chiquitas: inmediatamente creará un Ministerio de Asuntos Exteriores que dirija una política internacional propia al margen de España. Creará a su vez una Hacienda autónoma y una Agencia Tributaria propia que recaude todos los impuestos de Cataluña, incluidos los del Estado. Y aunque no lo diga, pueda convertirse en un instrumento importante para una rebelión fiscal, emulando 'la rebelión del té' que inició la independencia americana. Y para culminar el desafío Artur Mas contestó en la entrevista de Thomas Buck que en el futuro prevé "la creación de un pequeño Ejército integrado dentro de la OTAN".
Ni más ni menos. Por supuesto, anunció la redacción de una Constitución de Cataluña que someterá a referéndum en un plazo de 18 meses. Eso sí, tomó sus cautelas y dijo que no hará la declaración de independencia inmediatamente, para evitar la justificación jurídica de una intervención del Estado español. El Estado se está preparando para una posible disolución de la Generalitat y el procesamiento de Mas en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y con la reforma del Tribunal Constitucional que se ha puesto en marcha urgentemente en estos últimos días.
Por eso el proceso de Cataluña ha pasado en apenas unos días de una serie de hostilidades a una guerra política pura y dura. El escenario de la guerra tendrá dos fases: las elecciones dentro de dos semanas y las elecciones generales dentro de tres meses. Con la posibilidad de dos resultados distintos: en la primera ganen los independentistas y en la segunda, las elecciones generales en Cataluña, ganen los constitucionalistas. Esta posibilidad abriría una vía de diálogo y negociación.
Una dura campaña
Lo que nadie duda es que vamos a vivir varias semanas de alta tensión: las de la campaña y las de la semana posterior a la votación. Por de pronto se ha iniciado con el órdago de Mas y su lista plebiscitaria. A su vez, los socialistas ofrecen como solución la vía federal y la reforma constitucional. Tanto Felipe González como Pedro Sánchez se comprometen al reconocimiento del "hecho singular" de Cataluña en una disposición adicional de la Constitución, como las disposiciones que ya recogen los hechos singulares de Euskadi, Navarra y Canarias. El PP, por su parte, ofrece firmeza, dureza y "el imperio de la ley", convencido que esa política no resolverá el problema catalán pero sí le producirá grandes beneficios electorales en el resto de España en los comicios generales. Podemos se centra más en la crisis social y en denunciar que en las políticas de recorte "son iguales Mas y Rajoy". Finalmente, Ciudadanos sueña con presidir una alternativa españolista si logra beneficiarse del fracaso del PP.
El primer gran debate electoral ha ofrecido una clara muestra del actual clima político: todos contra todos, un totum revolutum que hace muy difícil prever cómo se gobernará Cataluña en los próximos años. ¿Cómo se puede formar una mayoría estable de gobierno con todos los partidos enfrentados y éstos dentro de sí? ¿Qué se pretende negociar con el Estado, si es que se quiere negociar? Si no, ¿cómo avanzar en el proceso independentista si es que no hay mayoría suficiente para ello?
Pero lo más significativo es que los partidos llamados constitucionalistas no solo no están de acuerdo en cómo resolver los problemas de Cataluña sino tampoco los de España. En esta campaña no se ven ni coincidencias en sus propuestas electorales ni convergencias entre sus proyectos políticos. El PP se ve ganador de las generales y cree que puede seguir gobernando como si tuviera mayoría absoluta. Es decir, ni cambios en su política ni búsqueda de aliados. Su posible aliado, Ciudadanos, exige reformas a las que se niega el PP y sugiere la sustitución de Rajoy y todo su equipo. Los socialistas luchan por liderar la alternativa y derrotar al PP y Podemos "ve muy difícil" un acuerdo con los socialistas y aún más con Ciudadanos. Las posiciones políticas parecen claras y son legítimas pero impiden ver cuáles serán las mayorías que permitirán gobernar España en el futuro y de paso resolver el grave conflicto Cataluña-Estado.
Como es sabido, el Parlamento catalán cuenta con 135 diputados, lo que exige una mayoría para gobernar de 68. Las encuestas hasta ahora coinciden en que la lista independentista de Mas y Junqueras obtendría entre 60/62 diputados. Se necesitarán, por tanto, entre seis y ocho más. Justo los que podría alcanzar la CUP, "el independentismo anticapitalista", como se definen. Pero sus candidatos han dicho estos días que "no apoyaremos Mas porque no queremos un presidente corrupto". ¿Y entonces cómo se construye una mayoría de gobierno en Cataluña? Los soberanistas contestan que eso son aspavientos de la CUP y que desde que se sepa el resultado no les quedará más remedio que apoyarles.
Pero enseguida surge la segunda pregunta: ¿Y si los independentistas obtienen mayoría de escaños pero no del electorado? Si, por ejemplo, obtienen sumados 70 escaños, pero eso solo representa el 48% por los mecanismos electorales. Este resultado que pronostican las encuestas nos llevaría a una grave contradicción: si son unas elecciones autonómicas la mayoría se mide por escaños; pero si es un plebiscito, la mayoría tiene que medirse necesariamente por el voto de los ciudadanos. Y no hay ningún plebiscito del mundo en que el 48% le gane al 52%. Hasta el punto que, en mi opinión, si eso ocurriera la fuga adelante hacia la independencia se haría imposible.
Los hechos singulares
Por tanto, a partir del 28 de septiembre y hasta después del 20 de diciembre, Cataluña y España se enfrentarán a una encrucijada histórica. Un camino lleva a agravar los conflictos territoriales hasta el límite de la ruptura y el otro permitiría iniciar un camino que conduce a un nuevo encaje de Cataluña, Euskadi y Canarias en la nueva España europea. Ese segundo camino implica la reforma del modelo de financiación y el reconocimiento de una identidad diferenciada, en lo económico y lo cultural, de estas tres comunidades.
Esto implica la reforma de la actual Constitución, una nueva redacción para las disposiciones adicionales que serán desarrolladas en sus Estatutos de Autonomía. Y una modificación del título VIII de la Constitución sin que ello rompa sus principios de cohesión territorial y solidaridad.
En este nuevo ciclo, Canarias tiene una oportunidad histórica excepcional para que España reconozca, como lo hacen los tratados de la Unión Europea, el hecho diferencial y los tratamientos específicos de una insularidad alejada. Es la oportunidad para constitucionalizar todo un nuevo Régimen Económico Fiscal que implica ampliaciones y reformas de los textos de 1991 y 1994. Si Canarias aprovecha esta situación obtendrá un gran triunfo. Y, si no, una derrota histórica, con efectos muy negativos sobre nuestro avance económico, social y político. Debe quedar claro que la condición esencial para ganar es que la sociedad canaria se lo crea de verdad y entienda su necesidad.
