El supuesto fraude a la Hacienda Pública y la Seguridad Social de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) ha divido a la magistrada y a la fiscal que investigan el caso. Ambas se han cruzado quejas ante la Fiscalía del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por varios incidentes relacionados con la instrucción del procedimiento.
La fiscal delegada de Delitos Económicos en la provincia de Las Palmas, Eva Ríos, se querelló contra el empresario Miguel Ángel Ramírez a finales de enero de 2014. Luego, en abril del mismo año, se le tomó declaración como imputado y desde entonces se han practicado diferentes pruebas periciales, entre ellas los informes de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social en los que se fundamenta la acusación. Son esas pruebas documentales las que han elevado la tensión entre la magistrada Victoria Rosell y la fiscal, sobre todo después de una controvertida reunión que mantuvieron en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria meses después de interrogar al empresario.
Ríos, tras ese desencuentro, redactó un informe y se lo remitió a sus superiores jerárquicos, quienes, a través del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), han trasladado una queja al CGPJ por el retraso injustificado en la tramitación del pleito, entre otras desconsideraciones en las que supuestamente incurrió la juez instructora al dirigirse a la delegada de Delitos Económicos para cuestionar su actuación en el procedimiento penal.
Fuentes de la Fiscalía han confirmado la existencia de la queja, pero rechazan dar información de su contenido por dos motivos: está en tramitación y es de naturaleza reservada, es decir, afecta al ámbito disciplinario y no a los hechos que se sustancian en el proceso abierto.
La magistrada, con posterioridad a la disconformidad planteada al CGPJ por la Fiscalía, también presentó una queja ante la inspección de la Fiscalía General del Estado. Rosell acusa a Ríos de perder la imparcialidad por dar órdenes directas al perito que ha fiscalizado a Seguridad Integral Canaria, el cual, al ser asignado por Hacienda al juzgado como auxilio judicial, sólo debería recibir indicaciones de Rosell porque es la que dirige la investigación. La instructora sostiene que la fiscal dio órdenes verbales a un inspector de Hacienda para priozar unos informes en detrimento de otros.
Esa situación, según la versión de los hechos que la juez defiende en su denuncia, es lo que ha interferido en la tramitación de la causa. La Fiscalía del Estado, en cambio, archivó su queja el pasado mes de agosto. El Servicio de Inspección no consideró necesario pedirle explicaciones a la fiscal por esa hipotética parcialidad en su actuación. Otras fuentes judiciales consultadas aseguran que la resolución es recurrible.
Y mientras ese enfrentamiento entre juez y fiscal continúa abierto, las diligencias por el presunto fraude tributario han seguido su curso. A mediados del pasado mes de junio llegaron al juzgado los informes de la Seguridad Social, que cifra en 12 millones las cotizaciones supuestamente defraudadas en cinco años: 2008 (480.000 euros), 2009 (3,5 millones), 2010 (3,1 millones), 2011 (2,8 millones) y 2012 (2,1 millones), aunque 2008 está regularizado y falta 2013.
Unas semanas antes, también en junio, la Agencia Tributaria remitió los informes que estaban pendientes de esos seis años, que en total ascienden a 8,9 millones de euros. Esas cantidades, según los peritos, se las ahorró el empresario en salarios al pagar las horas extraordinarias camufladas en dietas y gastos de viaje, las cuales están exentas de tributar y de cotizar. De ahí el posible fraude.
