La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Gritos, desaires y amenazas

La fiscal y la juez que investigan al empresario Miguel Ángel Ramírez se acusan de faltarse al respeto

Victoria Rosell, en primer término, recibe una condecoración de la Policía Local por su labor de juez en 2008

Gritos, portazos y hasta amenazas. La queja de la fiscal Eva Ríos contra la juez Victoria Rosell tiene su origen en una reunión celebrada en el despacho de la magistrada que acabó de malos modos, con desaires y acusaciones mutuas, las cuales podrían afectar a la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por un supuesto fraude a Hacienda y la Seguridad Social de 20 millones de euros, según los informes remitidos al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria por ambos organismos.

Ese desencuentro, que ocurrió el pasado 28 de marzo, ha terminado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha abierto un expediente informativo para aclarar si existe o no responsabilidad disciplinaria en la actuación de la juez. Esa diligencia informativa obedece a la queja eleva por la fiscal de Delitos Económicos en Las Palmas, Eva Ríos, que achaca a la magistrada el retraso injustificado del procedimiento por tardar un año en resolver un recurso de reforma, es decir, ante el propio Juzgado. Ese recurso, que es subsidiario de apelación ante la Audiencia de Las Palmas, está relacionado con la prueba principal del pleito: los informes periciales de la Administración Tributaria y de la Seguridad Social.

Pero el motivo central de la queja de la Fiscalía no es esa grave discrepancia procesal, sino la "desconsideración" y la "falta de respeto" en la que supuestamente incurrió Rosell al amenazar a la fiscal con presentarle una querella por obstrucción a la justicia. Eso, unido a la demora del recurso, motivó que Ríos pusiera lo sucedido en conocimiento de sus superiores jerárquicos y estos decidieran presentar la queja. Una situación inusual porque lo habitual en un juzgado de instrucción es que juez y fiscal remen hacia el mismo lado.

Y es que la fiscal también reprocha a la juez que trate a Ramírez como testigo en lugar de imputado. ¿El motivo? El empresario, en aras de acreditar su inocencia, se comprometió a aportar documentación de Seguridad Integral Canarias para hacer las liquidaciones de 2010, 2011, 2012 y 2013, ya que esos ejercicios, junto a los años 2008 y 2009, forman parte de la investigación pero aún no estaban fiscalizados. Su defensa, sin embargo, pidió una ampliación del plazo y, transcurrido éste, cambió de criterio y reclamó que fuera Hacienda la que aportase la documentación. La juez, con el argumento de garantizar el derecho de defensa, respaldó la solicitud y pospuso la práctica de pruebas relacionadas con esos cuatros ejercicios económicos, al menos hasta que estuvieran esos datos. La fiscal, en cambio, no era partidaria de esperar a la aportación voluntaria de la información por parte del imputado. De ahí su recurso de reforma.

Y así pasó un año... sin tomarle declaración a los 193 testigos propuestos por la fiscal ni resolverse la ampliación de la querella solicitada por el resto de las acusaciones, pues la juez esperaba por la respuesta de Hacienda, ésta por la documentación del empresario y Fiscalía por la resolución de su recurso... Hasta que la tensión estalló en el despacho de la magistrada ese 28 de marzo.

El CGPJ, tras abrir el expediente, solicitó en junio explicaciones a la juez. Rosell, en síntesis, asegura que la fiscal provocó el retraso porque dio órdenes a los peritos para bloquear la respuesta de la Agencia Tributaria hasta lograr la resolución de su recurso. Asimismo rechaza que la amenazara con querellarse, sino que la advirtió de forma "respetuosa" de haber obstruido su labor al dar esas indicaciones a Hacienda, las cuales, a su vez, son negadas de plano por la fiscal. La acusa, además, de actuar en esa reunión de forma "prepotente y chulesca", incluso sale en defensa de Ramírez al considerar que la fiscal ha perdido su imparcialidad por dar órdenes a los peritos y mostrar una actitud de "franca hostilidad" contra el empresario durante la tramitación de la causa.

Compartir el artículo

stats