La polémica en relación con la designación de Noemí Parra es la punta del iceberg de la política de nombramientos del Cabildo de Gran Canaria para cubrir los puestos de confianza del grupo de gobierno. El PP lleva cuestionando esta situación desde principios de agosto y ahora, tras conocerse que Parra es la pareja sentimental del consejero Juan Manuel Brito, los populares exigen que se paralicen los nuevos cargos.
A la luz de los requisitos de las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) se trata de puestos restringidos para los que se demandan unas titulaciones y unos conocimientos que, en algunos puestos, resultan especialmente curiosos. Es el caso, por ejemplo, de la titulación requerida para optar a la plaza de director general de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos, que es la de doctorado en Filología Hispánica. También se da la circunstancia de que para ser director general de Desarrollo Económico se pida un ingeniero de Caminos.
Resulta llamativo que para el puesto de director general de Transparencia se requiera únicamente la titulación de Derecho, pero además, con una experiencia mínima de 10 años y resistencia al estrés. También se ha exigido para director general de Infraestructuras ser licenciado en Derecho pero, además, contar con una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la abogacía y cuatro en cargos de gestión en la Administración.
Este tipo de restricciones son una "farsa" para el PP. Su portavoz en el Corporación insular, Felipe Afonso cree que se trata de requisitos ad hoc, es decir, méritos y capacidades pensadas para determinadas personas que forman parte de los partidos del grupo de gobierno y que son plazas previamente adjudicadas pero que aparentan ser un concurso.
Sin embargo, ayer el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, salió en defensa de estos nombramientos y del procedimiento puesto en marcha para los mismos. Para Morales se trata de "directores de área que deben trasladar las políticas del gobierno a los departamentos, a través de la selección de personal técnico cualificado de confianza".
"Se podría haber puesto un perfil amplio en la convocatoria pero podríamos frustrar las expectativas de muchas personas, por lo que hemos orientado el perfil de tal manera que se garantice que sean personas suficientemente preparadas pero también en las que haya confianza suficiente", señaló el presidente insular.
Morales se escudó en que el concurso convocado para estas designaciones está respaldado por la ley estatal, recientemente modificada. Según el dirigente nacionalista, "el concurso se ha hecho como prevé la ley para regular los cargos de confianza. Antes se hacía de forma directa y por libre designación pero ahora obligan a un criterio de selección con requisitos específicos".
Estos argumentos no convencen al PP, que exige que se paralicen los nombramientos cuando aún queda una tanda de ocho o nueve directores más tras la docena convocados hasta ahora en todas las áreas.
