El Gobierno de Canarias recurrirá a un crédito extraordinario por importe de 39,9 millones de euros para cubrir antes de final de año la devolución del 25% de la paga extraordinaria de los empleados públicos de 2012, así como la Prestación Canaria de Inserción y la dependencia.

Así lo anunció ayer la consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila, en el Parlamento, tras una pregunta de la portavoz del PP, Australia Navarro, que cuestionó cómo y cuándo se procederá a devolver a los funcionarios la paga retirada hace tres años.

La Consejería de Hacienda remitirá al Parlamento una ley de crédito extraordinario para su tramitación y donde se consignarán unos 30 millones de euros para atender la parte proporcional de la paga extra antes de que concluya este año, mientras que el resto se abonará en 2016.

Los otros 9,9 millones se dedicarán a "cubrir en su totalidad" a la PCI y para las prestaciones por dependencia, aclaró en su intervención Dávila.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, manifestó que el pago a los trabajadores de la Comunidad Autónoma de la parte restante de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 hasta alcanzar el 50% se realizará en diciembre "a más tardar".

El consejero explicó también que se realizará a través de un crédito extraordinario que deberá tramitarse como una ley ordinaria en el Parlamento. Alegó que "no hay más remedio que tramitarlo vía ley", por lo que no puede pagarse "de forma inmediata" a los empleados, se excusó.

Con efectos del 15 de julio de 2012 el Gobierno de España eliminó la paga extra de Navidad de los empleados públicos para diciembre de ese año. Canarias fue la primera región en ingresar de oficio en la nómina de abril de 2014 la parte proporcional que ya estaba devengada cuando se impuso la medida de supresión de dicha paga.

Afonso destacó que el resto se abonará "lo antes posible". En este sentido, recordó que el Gobierno central ha utilizado el mecanismo de real decreto ley para efectuar esa devolución únicamente a los funcionarios de la Administración General del Estado, pero Canarias no dispone de ese instrumento que permitiría agilizar el reembolso del dinero.

"Aunque el Ejecutivo regional procederá con la mayor celeri-dad posible, esta circunstancia implica acudir a un procedimiento más lento que la simple aprobación de un crédito extraordinario a través del Consejo de Ministros", argumentó.

Además, el consejero criticó la "chapuza jurídica" del Estado que afectó también al personal al servicio de la Administración de Justicia, pues esa supresión de la paga debía implicar una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que no se efectuó hasta diciembre de 2014 cuando ya la Comunidad Autónoma abonó el 100% de la paga a los empleados de Justicia.

Respecto a la PCI, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Patricia Hernández, detalló que se incrementará con 7,5 millones de euros "en octubre", cuando se apruebe la ley de crédito. Avanzó que en los presupuestos autonómicos del 2016 se incrementarán los fondos para salarios sociales dirigidos a personas en riesgo de exclusión.

"Esta decisión llega tarde y mal. Ha tardado 70 días para tomar una decisión cuando esta partida está agotada desde antes del verano", le reprochó la diputada del PP, Pepa Luzardo, para quien la cantidad planteada resulta "insuficiente".