El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles una proposición no de ley en la que pide la derogación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.
La propuesta fue apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto el PP, cuyo diputado Emilio Moreno negó que cercene derechos fundamentales y afirmó que la Ley persigue la violencia callejera y protege a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente frente "a los violentos encapuchados que queman autobuses". Según el diputado del PSOE Gustavo Matos, promotor de la iniciativa, esta ley pretende "impedir la utilización pacífica de los espacios públicos para el ejercicio democrático de libertades y derechos fundamentales".
Matos afirmó que la ley restringe los derechos y libertades de los ciudadanos, es "un desguace de las libertades públicas", aseguró, y sostuvo que se trata de la norma de un gobierno que quiere protegerse de los ciudadanos, que los teme. El diputado de CC Juan Manuel García Ramos dijo que se ha perdido la posibilidad de realizar una ley de seguridad ciudadana que armonizara los derechos de los ciudadanos.
Para Juan José Márquez, de Podemos, con esta norma se ha pasado "de la ley de la patada en la puerta a la ley de la patada en la boca". María Esther González, de Nueva Canarias, dijo que esta Ley recuerda "etapas muy negras de la historia de España", mientras que Jesús Ramón Ramos la calificó de restrictiva y limitadora de derechos y libertades.
