El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife abre juicio oral por el caso de Las Teresitas, en el que se investiga la operación de compraventa con la que en 2001 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 53 millones de euros a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia por 11 parcelas de la playa chicharrera, 34 millones más de la tasación estimada por sus propios órganos. En el auto aparece entre los imputados, Miguel Zerolo, exalcalde nacionalista de Santa Cruz, una vez que la causa que se instruye contra él ha pasado del Supremo al juzgado tinerfeño al renunciar a su condición de aforado y abandonar el Senado. La Fiscalía pide para Zerolo ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación.
Asimismo, la juez María de los Ángeles Zabala da 24 horas a los 13 imputados, entre los que se encuentran exediles, empresarios y técnicos municipales, y a las entidades Inversiones Las Teresitas, Promotora Victoria y Promotora Punta Larga para que aporten una fianza de 109,4 millones de euros. Les advierte de que si no lo hacen, se procederá entonces al embargo de sus bienes en cantidad bastante para cubrir dicha suma o, en su caso, "se acreditará su insolvencia en forma".
La Fiscalía pide también ocho años de cárcel para el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, de CC, condenado ya a tres años de prisión por el caso mamotreto (edificio de aparcamientos de Las Teresitas), y cuatro años de cárcel para el resto de imputados, que son los exediles Emilio José Fresco, del PSOE, y José Emilio García Gómez, del PP; el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín; los funcionarios Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate, Antonio Messía y José Luis Roca; y los empresarios Ignacio González Martín, Pedro González Santiago, Antonio Plasencia Santos y Carlos Plasencia Romero.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía exige que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento tinerfeño en la cantidad de 39,4 millones por el perjuicio ocasionado a las arcas municipales. La acusación particular, formada por la Asociación Justicia y Sociedad, que pide ocho años de cárcel para cada uno de los políticos involucrados; seis para los técnicos Martín y Reyes; cinco para los técnicos Peraza, Messía y Roca, y siete años para los empresarios, exige una indemnización para el consistorio chicharrero de 52,5 millones de euros.
En el auto con el que se declara la apertura del juicio oral -podría celebrarse en enero-, también se incluyen por primera vez en este procedimiento a las Promotoras Victoria (propiedad de Ignacio González) y Punta Larga (propiedad de Plasencia) como responsables civiles junto a Inversiones Las Teresitas (empresa de González y Plasencia), tal y como solicitó el Ayuntamiento, pues "no hay dudas de que las tres sociedades resultaron beneficiadas del ilícito penal objeto de la acusación contra sus administradores, quienes las utilizaron para ingresar el dinero que percibieron por la operación de compraventa de la playa".
