La Gomera se une a las protestas de Fuerteventura y Gran Canaria por el puenteo del Cabildo de Tenerife a la Consejería de Obras Públicas para garantizarse fondos del convenio de carreteras que no le corresponden hasta dentro de unos años. El acuerdo al que llegó el pasado jueves 24 de septiembre el presidente de la institución tinerfeña, Carlos Alonso, con altos cargos del Ministerio de Fomento supone restar 15,5 millones a una bolsa común de 92 millones para el próximo año que, por acuerdo de todas las corporaciones locales, debe destinarse a vías en ejecución.
El tramo negociado por Alonso a espaldas de la consejera Ornella Chacón (PSOE), y sin tener competencias para ello, cierra el anillo insular pero no es prioritario. Su ejecución se incluye entre las obras a futuro del convenio y la demanda ahora de esa cantidad sería para empezar a pagar expropiaciones de fincas afectadas por el trazado entre El Tanque y Santiago del Teide.
La obra completa alcanzaría los 305,2 millones y la intención del Cabildo tinerfeño sería prefinanciar su ejecución, que Fomento restituyera el dinero en un plazo de diez años y que, una vez en funcionamiento, el mantenimiento de la vía lo asumiera el Gobierno de Canarias, al contrario de lo que ocurre con el resto de las carreteras de interés regional del Archipiélago.
Igual que la pasada semana hicieran los cabildos grancanario y majorero, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, exige al Ejecutivo canario que recupere su papel de interlocutor único ante la administración central. Subraya que con el paso dado por Alonso, que compareció en Madrid de la mano de miembros del PP en Canarias, se rompe en consenso en las Islas. "Eso no es lo políticamente, económicamente ni socialmente correcto", señala el también portavoz en la Cámara regional de la Asociación Socialista Gomera (ASG) que insiste es la administración competente la que debe hacer fuerza ante el Estado.
Ante "la pérdida del consenso en materia de carreteras en Canarias hay que cumplir con lo pactado y el presidente del Gobierno de Canarias debe ser el único interlocutor ante el Gobierno de España", sostiene Curbelo. Y advierte que la ruptura de la unión de las islas debilita la posición del Gobierno de Canarias como interlocutor ante el Gobierno de España.
El mismo día que Alonso tuvo su reunión en el Ministerio de Fomento debía celebrarse también la comisión bilateral Canarias-Estado que determina la distribución de los fondos. Ese encuentro de anuló por parte de Madrid. En la agenda de Canarias estaba denunciar, una vez más durante los cuatro años de mandato de Mariano Rajoy, que se incumple con la cantidad pactada, en torno a los 254 millones anuales. Si el Estado no aumenta la partida para el próximo año una parte de las 17 obras ya adjudicadas y en marcha se paralizarán, advierte el Gobierno de Canarias.
Para 2016 en el proyecto de los presupuestos generales del Estado se incluyen 94 millones -en el total el Estado adeuda al Archipiélago es de 741 millones por los recortes en inversiones- con dos partidas nominadas: El Risco- La Aldea, en Gran Canaria (26,7 millones) y el anillo insular de Tenerife (15,8 millones). Es decir, para el resto de las obras quedan 52 millones. Con la salvedad de que mientras la carretera grancanaria sí está incluida entre las que el convenio contempla para acometer ya y es necesario llevarla a cabo con celeridad por su alto peligro, la de Tenerife no.
Clavijo asegura que el movimiento de Alonso entra dentro de la normalidad entre los distintos niveles de la administración en asuntos "interés general para los ciudadanos", según matizó ayer la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, "y siempre que no supongan un menoscabo de recursos generales" y se mantenga la "coordinación" con la Consejería de Obras Públicas. Esa, dijo Dávila, es la posición del Ejecutivo. Sin embargo, el asunto no se trató ayer en la reunión de Consejo de Gobierno.
Para tres de las siete islas esa coordinación no sólo no ha existido sino que Tenerife, con el beneplácito de Clavijo y dejando a su lado a sus socios del PSOE, pone en peligro vías de interés estratégico.
Se rompe, además, el criterio de equilibrio entre las islas con el que venía funcionando el plan de obras del convenio. "Si nuestras fuerzas se dispersan", subraya el portavoz de Nueva Canarias en la oposición en el Parlamento regional, Román Rodríguez, "perdemos todos pero sobre todo las islas menos pobladas, porque son las que menos capacidad de presión tienen. Hay que restituir la unidad de acción".
"No puede ser que ningún cabildo haga la guerra por su cuenta y menos cuando son obras que no están el plan de carreteras", subraya el nacionalista de NC.
"El convenio", abunda el diputado del CC de Fuerteventura, Mario Cabrera, "es una pieza clave para Canarias [negociada en 2006 y actualizada en 2009] por lo que significa de inversión pero también porque esta se reparte de forma equilibrada entre las islas. Romper la máxima de que quien tiene que negociar con Madrid es la administración que tiene las competencias para ello es dar el primer paso para que Canarias pierda fuerza y pierdan todas las islas".
Cabrera asegura que para su isla se prioritario terminar los tramos pendientes del eje Norte-Sur (Pecenescal-Matas Blancas y Corralejo-La Caldereta). Se necesitan para ello 26 millones y los van a exigir porque son necesarios garantizar la conexión por el Sur con Gran Canaria y por el Norte con Lanzarote y Tarfaya (Marruecos), en cuanto se abra esa línea marítima a mediados de 2016.
"Exigimos que los fondos se distribuyan equitativamente", afirma por su parte el presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales. "Fuerteventura cuenta con que se van a incluir en los presupuestos . No contemplamos otro escenario", sentencia.
