Cooperación sí, pero con autonomía. Esta es una de las principales premisas que marca la nueva ley del territorio de Canarias para garantizar la independencia de cada administración en la aprobación de sus planeamientos territoriales y evitar retrasos que, incluso, pueden llegar a diez años en la aprobación de estos planes, bloqueando proyectos de inversión o el desarrollo de municipios. En un primer borrador que constituye la base del que va a elaborar antes de final de año el grupo de expertos de las universidades isleñas, juristas y agentes sociales relacionados con el territorio, elegidos por el Gobierno canario, se clarifica que las relaciones entre las administraciones públicas constituyen uno de los problemas básicos que complican, dificultan y, en ocasiones, bloquean la ordenación territorial y urbanística. Por ello, "se propone eliminar los procedimientos bifásicos (la aprobación inicial-provisional por una administración, y la aprobación definitiva por otra) y reemplazarlos por procedimientos de una fase única".
En esta propuesta para acabar con la maraña administrativa, que tutela de la Consejería de Política Territorial, dirigida por Nieves Lady Barreto, se indica que las competencias de otras administraciones "supramunicipales y suprainsulares se garanticen mediante la emisión de informes preceptivos o vinculantes para la promotora del plan". Exponen que se trata de la misma fórmula que emplea el Estado para la elaboración de instrumentos de ordenación territorial y urbanístico que incidan en sus competencias, al requerirse informes de Costas o de Aena.
La nueva normativa territorial apuesta, por tanto, que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) delegue la aprobación de los planeamientos a los cabildos y ayuntamientos.
La Cotmac, que viene desempeñando el control y aprobación de planes de ordenación insulares y municipales, limitará su intervención a los planes e instrumentos promovidos por la administración autonómica.
No obstante, dada la experiencia acumulada por los miembros de ese órgano, en la propuesta de la nueva ley se indica que "parece razonable que, además, se convierta en un órgano consultivo en materia ambiental, territorial y urbanística, que pueda ser consultado por el resto de las administraciones", pero "es necesario que el planeamiento sea aprobado por los cabildos y ayuntamientos, respectivamente", expone al respecto Nieves Lady Barreto.
Tribunales
Para la consejera, "la autonomía quedará asegurada, también la transparencia y la responsabilidad de cada administración, al tiempo que se garantiza la participación pública de los ciudadanos, eliminando un motivo fundamental de bloqueo en la ordenación vigente".
"Es más, el control de legalidad corresponderá a los tribunales de Justicia, como sucede con otros actos jurídicos relevantes, como la aprobación de los presupuestos de las entidades locales, las ordenanzas insulares y municipales, o los reglamentos autonómicos, ninguno de los cuales queda sujeto al control de otra administración", recalca Barreto.
Según este informe inicial, que dio a conocer la consejera en el Parlamento canario, el paso hacia la simplificación es reconducir la ordenación "a una única ley de cabecera", que contenga todas las normas reguladoras de la protección, la ordenación y el uso del suelo, incluyendo aquellas que ordenan los espacios naturales y las que se proyectan sobre lo turístico.
No basta con una refundición de las leyes vigentes, porque buena parte de los problemas se encuentran en las reglas, en los criterios y en los instrumentos que esas normas imponen, de modo que se requiere "una reforma completa" del marco legislativo. De hecho, se reconoce que las normas territoriales y urbanísticas aprobadas se han convertido "en una carga que va mucho más allá de lo necesario" y se transforman "en meros obstáculos, no siempre explicables, dificultando, un desarrollo racional y sostenible del territorio".
La maraña legislativa ha llegado a tal punto que el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias ha sido objeto de 16 reformas desde su aprobación, una por año. El cuadro se termina de complicar con la decisión de cada una de esas normas y de muchos de estos planes de imponer procesos y plazos de adaptación a sus determinaciones, que provocan situaciones de incertidumbre sobre las que ya se están aplicando sin una justificación real, se indica en el informe.
En este sentido, se propone que se recupere y ponga en valor la vieja regla del derecho urbanístico, según la cual la adaptación de los planes a las previsiones de las nuevas normas y leyes posteriores a su aprobación sólo es obligatoria cuando se proceda a su revisión. Lo contrario, la obligación de adaptación en plazos concretos, incluso con la amenaza de pérdida de la competencia, de nulidad o de paralización, de la que se encuentran "numerosos ejemplos en la legislación urbanística autónoma, sólo ha servido para complicar la protección y el uso del suelo".
