El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aaron Afonso, asegura que está comprome-tido con la implantación de la nueva oficina judicial -que supone una organización más funcional de los juzgados-, pero que el hecho de que no se haya podido implantar aún en las Islas, como sí ocurre en otros territorios del país, sólo es atribuible al "maltrato del Estado".

Afonso acudió ayer a una comisión parlamentaria solicitada por el PP, pero al término de la misma el diputado Emilio Moreno, autor de la solicitud de comparecencia, aseguró marcharse "desalentado y entristecido" por la falta de compromiso del consejero. Moreno vaticinó que en 2019, cuando concluya la legislatura, Canarias seguirá sin contar con este elemento modernizador de la administración de justicia, cuya implantación está paralizada en las Islas desde 2008, afirmó.

Afonso explicó que para poder implantar la nueva oficina judicial es preciso negociar con los representantes de los trabajadores la relación de puestos de trabajo, lo que requiere un nuevo régimen retributivo. Pero para que se pueda negociar, la Comunidad Autónoma debería hacer efectivo el complemento específico transitorio al que se comprometió con los trabajadores.

Ese complemento específico no ha podido abonarse porque el Estado, como consecuencia de la crisis, impide que se apliquen incrementos retributivos a los empleados públicos en aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, recordó el consejero de Presidencia y Justicia.