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El Congreso certifica el retraso del Estatuto

La Junta de Portavoces deja la reforma de la 'carta magna' canaria para el inicio de la nueva legislatura por falta de tiempo para abordar este mes el debate

José Miguel Ruano. LP/DLP

El Congreso de los Diputados ha certificado el aplazamiento definitivo de la reforma del Estatuto de Canarias para el 2016 tras la elaboración por parte de la Junta de Portavoces del orden del día del próximo pleno, el último en el que pueden incluirse iniciativas propuestas por parlamentos autonómicos antes de la inminente disolución de las Cortes para la celebración de elecciones legislativas el 20 de diciembre. La iniciativa del Parlamento de Canarias, que no decae a pesar de todo, esperaba turno para la toma en consideración desde el 21 de abril, pero la conclusión de la legislatura va a impedir por apenas unas semanas que el debate lo hagan las actuales Cortes y lo pospone para después de las elecciones. Será en todo caso uno de los primeros debates que se lleven a cabo en la próxima legislatura.

Las iniciativas de los parlamentos autonómicos ante las Cortes se debaten en el primer pleno de cada mes, lo que abría la posibilidad de que el de la próxima semana incluyera la reforma estatutaria canaria al no quedar ya ninguna propuesta de este tipo en cola tras la producida en septiembre en relación con el Estatuto de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la norma no escrita de que se intercalen en los primeros plenos del mes otras iniciativas autonómicas distintas a reformas estatutarias lo ha impedido. En su lugar, el orden del día del próximo pleno incluye una proposición de ley de las Cortes de Aragón para modificar el Código Civil.

De esta manera, la reforma del Estatuto de Canarias propuesta por el Parlamento regional se queda a las puertas de ser debatida en este legislatura, y queda pendiente para la que será la XI legislatura, en la que se presupone una composición muy distinta de las dos cámaras legislativas por la aparición de nuevas fuerzas políticas y la improbabilidad de que se produzcan mayorías absolutas. Si el Parlamento de Canarias no decide retirar la propuesta, es muy probable que el debate sobre la toma en consideración de la reforma de la carta magna isleña se celebre en uno de los primeros plenos ordinarios de las próximas Cortes.

La propuesta de reforma del Estatuto de Canarias, uno de los pocos que no ha sido reformado por segunda vez desde la puesta en marcha del Estado autonómico, fue aprobada por el Parlamento regional el pasado 25 de marzo con el apoyo de CC y del PSOE, pero con el voto en contra del PP y la abstención de NC. Se remitió a Madrid el 16 de abril y fue calificado por la Mesa del Congreso el 21 de ese mismo mes. El Parlamento de Canarias surgido de las elecciones del pasado 20 de mayo eligió hace sólo unas semanas, el 8 de septiembre, a los dos parlamentarios regionales que defenderán la propuesta ante el Congreso, José Miguel Ruano y Juan Ignacio Álvaro Lavandera, portavoces de CC y PSOE respectivamente.

Tanto nacionalistas como socialistas mantienen su respaldo al texto aprobado en el Parlamento y apuestan por defenderlo en las Cortes en los mismos términos, independientemente de la nueva composición de la Cámara Baja tras el 20-D. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también lo apoya pese a las peticiones del PP y de NC de que lo retire para que el nuevo Parlamento regional elabore un texto de consenso. La propuesta incluye una reforma del sistema electoral canario que rebaja las barreras electorales para entrar en el Parlamento y crea una circunscripción regional.

La reforma estatutaria ya se intentó en la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007. Se remitió a las Cortes un texto que tampoco había apoyado el PP en las Islas pero al que este partido daba luego luz verde tras el pacto con CC después de las elecciones autonómicas de ese mismo año. Sin embargo, CC obligó a los populares a rechazar la reforma electoral que reclamaba el PSOE y que ellos mismos habían apoyado antes, la tramitación encalló y el Parlamento de Canarias solicitó su retirada.

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