El Cabildo de Gran Canaria se queda solo en la polémica generada en torno al reparto de los fondos del convenio de carreteras. El presidente de la Corporación grancanaria, Antonio Morales, rechazó ayer en la reunión que mantuvo la Federación Canaria de Islas (Fecai) con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijio, la alternativa de que los cabildos pongan fondos propios para acelerar la ejecución de vías. Asimismo, Morales fiscalizará el compromiso asumido por el jefe del Ejecutivo regional de que habrá un "exquisito equilibrio" en el reparto de los fondos entre las islas.
Los otros cabildos que no están gobernados por CC -La Palma y La Gomera- no manifestaron explícitamente diferencias con la posición del Gobierno en el encuentro de ayer, lo que supuso que al final del mismo el presidente de la Fecai, Marcial Morales, se felicitara por el alto grado de acuerdo y la garantía ofrecida por Clavijo de que el reparto será equitativo y equilibrado.
La Comunidad Autónoma adquiere el compromiso de poner fondos de su presupuesto para compensar la reducción de las partidas procedentes del Estado y así distribuir los porcentajes que le corresponden a cada isla. El presidente Clavijo aseguró que a los 94 millones que vienen de Madrid se le sumarán los necesarios que incluya el presupuesto autonómico para evitar que las islas no capitalinas se queden con menos fondos para sus vías. Por ello, Clavijo aseguró que el presupuesto de 2016 compensará el hecho de que Gran Canaria y Tenerife cuenten con partidas nominadas para sus carreteras, es decir, 26,7 millones para La Aldea y 15 millones para el anillo insular.
El jefe del Ejecutivo insistió en que los cabildos que quieran pueden disponer de presupuesto propio a fondo perdido para acelerar carreteras. Para Antonio Morales este planteamiento es "perverso" porque los cabildos estarían asumiendo un gasto para una competencia que no es suya. "A mí me genera dudas jurídicas cómo se van a justificar partidas para asuntos que no son competencia de los cabildos, además de que puede producirse un desequilibrio con las islas menores porque hay cabildos que tienen más recursos que otros", advirtió.
Es más, el presidente grancanario recordó que, con ese mismo argumento, los cabildos tendrían que asumir otro tipo de compromisos sobre competencias que, como la educación y la sanidad, no son insulares si el Gobierno no puede invertir en más colegios o centros de salud.
La polémica del anexo II
Fernando Clavijo aseguró ayer que la obra del anillo insular de Tenerife objeto del enfrentamiento político de las últimas semanas está en el anexo II y no en el III como defiende la Consejería de Obras Públicas, departamento gestionado por el PSOE. El presidente del Gobierno afirmó que este hecho se puede comprobar consultando los anexos del convenio de carreteras publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Para Clavijo "ha quedado claro que el tramo que quiere licitar Tenerife, que es hasta la boca del túnel del Tanque, está en el anexo II y figura en el BOE. Antes de disparar hay que hablar para aclarar los malentendidos", añadió.
Esta defensa de las tesis del Cabildo de Tenerife no es compartida por Antonio Morales. El presidente grancanario no polemizó con Clavijo en este asunto durante la reunión pero, tras las comprobaciones pertinentes, el dirigente insular aseguró que "no es cierto" que esta fase del anillo insular figure como obra negociada y con presupuesto. "Sostenemos que no es así, vamos a analizar en profundidad la relación de obras de los dos anexos y a defender la lealtad institucional porque, en caso contrario, se abriría una veda de incalculables consecuencias", criticó el presidente grancanario.
Además, el Cabildo grancanario se plantea incluso incluir obras que no están en el anexo II para que sean agilizadas, como es el caso de la siguiente fase de la carretera de La Aldea: "si el Cabildo de Tenerife lo hace también nosotros nos reservamos esa posibilidad".
Estas discrepancias fueron eludidas por el presidente en ejercicio de la Fecai, Marcial Morales, para el cual, salvo matices, lo importante es el compromiso adquirido por la Comunidad Autónoma de incrementar los fondos propios destinados a las carreteras para garantizar el equilibrio. El presidente del Cabildo de Fuerteventura responsabilizó al Gobierno del PP de la polémica generada debido a los fuertes recortes realizados en estos años al convenio de carreteras, lo que ha generado una deuda superior a los 700 millones de euros. "El PP no puede escapar de rositas de este debate, debe cumplir con la ficha financiera del convenio", advirtió.
Durante sus explicaciones, el presidente Clavijo detalló que a los 94 millones que figuran en el presupuesto del Estado de 2016 la Comunidad Autónoma pondrá una cantidad que puede equivaler a los 120 millones de euros que demanda la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, para no parar las obras en marcha. En este caso, el presupuesto autonómica tendría que consignar unos 30 millones de euros para garantizar el reparto también entre las dos islas capitalinas.
