Podemos busca relanzar el partido en las Islas de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. Por ello, el líder nacional de la formación, Pablo Iglesias, ha propuesto a la juez Victoria Rosell encabezar la candidatura de la formación al Congreso por Las Palmas. Se trata de una decisión que viene avalada por la dirección del partido en Canarias, encabezada por Meri Pita, que ve con buenos ojos esta incorporación al ser una magistrada con perfil progresista, ha investigado casos de corrupción política y es una voz crítica en el mundo de la judicatura.
El posible fichaje de Rosell forma parte de la estrategia de Podemos de contar con personas destacadas de la sociedad civil para sus candidaturas y, de esta forma, recuperar la sintonía perdida en algunos sectores sociales para unas elecciones que son decisivas para la formación que encabeza Iglesias.
En el caso de Canarias, Podemos ha estado sometido en los últimos meses a enfrentamientos internos entre la dirección regional y un movimiento crítico surgido en torno a un grupo de consejeros del Cabildo de Gran Canaria -Juan Manuel Brito y María Nebot- y otros cargos orgánicos y públicos de la formación. Esta situación ha derivado en la apertura de expedientes disciplinarios que tendrán que dilucidar la comisión de garantías nacional. Los juzgados también dirimen una denuncia penal contra la comisión de garantías canaria, cuyos miembros han dimitido. En las primarias celebradas para confeccionar las candidaturas fue la secretaria general, Meri Pita, la que encabezó las votaciones para ser cabeza de lista al Congreso por Las Palmas.
No es la primera vez que un partido político busca el fichaje de personas procedentes de la judicatura. Los casos más conocidos son los de Baltasar Garzón y Juan Alberto Belloch por parte del PSOE. En las pasadas elecciones municipales Podemos respaldó la candidatura de otra juez, Manuela Carmena, para la Alcaldía de Madrid, convirtiéndose finalmente en regidora de la capital de España. Victoria Rosell no ha ocupado nunca un cargo público pero en 2005 sí estuvo en la terna del Gobierno para la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Trayectoria en Canarias
Rosell nació en Murcia, tiene 47 años y desde 1991 es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Siempre ha ejercido la labor jurisdiccional en Canarias. Su primer destino fue Tenerife, en el partido judicial de La Orotava, donde ejerció de juez de 1997 a 2000. Luego pasó al Puerto de la Cruz, pero sólo estuvo seis meses porque ascendió a magistrada y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la destinó a Gran Canaria, donde obtuvo plaza como titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Al frente de ese órgano judicial estuvo hasta marzo de 2005, año en el que cambió el papel de juzgar por el de investigar y se incorporó al Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria.
Se trataba de un órgano judicial de reciente creación, puesto en marcha para aliviar la carga de trabajo en los juzgados de instrucción capitalinos. Desde entonces, salvo unos meses que estuvo dirigido por sustitutos, Rosell ha dirigido dicho juzgado, tarea que ha compaginado con la portavocía de Jueces para la Democracia, tanto en el ámbito nacional como en el regional.
También es juez de control de garantías del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Gran Canaria, ubicado en Barranco Seco. Su relación sentimental con el director del periódico digital Canarias Ahora le valió en 2011 una queja al CGPJ del Partido Popular (PP), que la acusó de redactar la querella del caso Salmón interpuesta por el periodista contra José Manuel Soria, presidente de los populares en las Islas y actual ministro.
Tanto la querella como la queja se archivaron, pero no es la única denuncia que ha afrontado Rosell ante el órgano de gobierno de los jueces. También la llevó ante el CGPJ el editor del periódico El Día, ya fallecido, por criticar sus editoriales nacionalistas, o el Gobierno de Canarias por cuestionar su actuación en el caso Tebeto, o más recientemente la Fiscalía por el retraso que acumula una investigación al empresario Miguel Ángel Ramírez.
Todas han sido archivadas y en todas la magistrada ha salido airosa, bien por ejercer su derecho a la libertad de expresión o por no apreciar el instructor ninguna anomalía procesal en sus investigaciones. Desde ese juzgado de instrucción ha cosechado importantes éxitos judiciales y algún que otro fiasco, como el caso Lifeblood, una causa que abrió de oficio por supuesta corrupción en Sanidad y que archivó a petición de la Fiscalía, tras no hallar indicios de delito en la adjudicación de los contratos de hemodiálisis e imputar a varios cargos públicos, entre ellos Lourdes Quesada, actual directora de Relaciones con la Administración de Justicia, que entonces ejercía como técnico en Sanidad con el PP.
Y entre los éxitos judiciales, el caso de las agencias de viajes, que está relacionado con el área de Turismo del Gobierno regional y acabó con condenas de cárcel; el esclarecimiento el año pasado de una muerte violenta en Cruz de Piedra de la que no existen pruebas directas, y una de las tres investigaciones abiertas en Canarias por la evasión fiscal denunciada por Falciana que está pendiente de llegar a juicio.
