El Gobierno de Canarias espera una "sanción contundente" si se demuestra, como asegura la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que existe un pacto de precios entre las empresas mayoristas de carburantes de las Islas. Así de contundente se mostró ayer el consejero de Economía, Industria y Comercio, Pedro Ortega, en respuesta a una pregunta del grupo socialista en la Cámara regional en la que se le requería una instrucción exhaustiva que saque a la luz, tal como ha asegurado el órgano cameral en un informe, la posible concertación ilegal de precios que da como resultado la subida de los costes antes de impuestos por encima de los de la Península y Europa. El socialista Gustavo Matos pidió ayer al Ejecutivo en la Cámara regional que ejerza "a fondo las competencias que corresponden" a Canarias e instruya el caso a través del Tribunal de Competencia de Canarias. Ortega, por su parte, precisó que la Consejería está aún a la espera de recibir la comunicación de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia -a donde acudió la Cámara grancanaria- para iniciar la instrucción tal como ya se ha anunciado. "Seguimos a la espera. En todo caso", dijo, "el Gobierno de Canarias es el primer interesado en que se depuren responsabilidades, algo que, recordó, "depende de la CNMC", ya que "Canarias no tiene competencias sancionadoras". LA PROVINCIA
