El Gobierno de Canarias ultima un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), en virtud del cual el conocido como banco malo le cederá viviendas para salvar a familias que están al borde del desahucio o en riesgo de exclusión social. La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, confía en firmar en quince días el convenio, que permitirá poner en régimen de alquiler social medio centenar de casas en los municipios con más demanda.
Tres años después de la creación de la Sareb, los gestores de la sociedad de activos derivados de los impagos de las inmobiliarias y de los desalojos realizados por los bancos rescatados de la quiebra cederán temporalmente al Ejecutivo canario viviendas que se destinarán a alquileres a precios asequibles.
De esta forma, el banco malo se deshace de activos tóxicos en beneficio de personas necesitadas. El programa de cesión de viviendas a precios económicos fue lanzado por la Sareb a mediados de 2013 y hasta el momento ha suscrito acuerdos con Cataluña (900 viviendas), Aragón (80 viviendas), Galicia (50 viviendas) y País Vasco (10 viviendas). Con Canarias se había alcanzado un principio de acuerdo el pasado mes de junio con la entonces consejera de Vivienda, Inés Rojas, de CC, pero no había llegado a materializarse ni se habían cerrado los detalles de la operación.
El convenio implica que durante un periodo aún por definir -de cuatro a diez años- el Ejecutivo canario pueda destinar las viviendas de Sareb a familias vulnerables, con una mensualidad que nunca podrá exceder el 30% de sus ingresos.
Pisos vacíos
Aunque en principio el concierto implica que 50 viviendas de la Sareb se incorporarán al parque público bajo un sistema de arrendamiento, el Gobierno canario apunta la posibilidad de ampliar la bolsa en el futuro. Como mínimo un 50% de los pisos tienen que estar vacíos. Aún se desconoce dónde se ubica ese medio centenar de casas que se alquilarán, aunque estarán en las ciudades con mayor demanda de alquiler social. Actualmente 15.000 familias canarias solicitan viviendas protegidas.
La novedad en esta experiencia piloto con la Sareb en las Islas radica en que entre las cláusulas previstas se dará prioridad a familias que viven en una casa de la Sareb y tienen ya fecha de lanzamiento por no poder afrontar el pago de la hipoteca. En este caso, la Sareb traspasaría esas casas al Gobierno canario, que las gestionaría y asumiría el coste del alquiler social. De tal forma que el Ejecutivo autonómico garantizaría el abono de la renta y las familias no quedarían en la calle, destacaron ayer fuentes de la Consejería regional de Vivienda. De esta forma la administración se hace cargo de los ciudadanos que van a ser desalojados de forma inminente y que, con esta fórmula, podrán permanecer en su inmueble pero esta vez en alquiler.
Además de paliar el drama de personas que están a punto de ser desalojadas, en el convenio se atenderá especialmente a aquellos núcleos familiares en alto riesgo de exclusión social.
A través de este acuerdo y tal como ha convenido con otras regiones, Sareb percibirá de la administración una retribución mensual que servirá para hacer frente a gastos como el seguro de daños y responsabilidad civil y al mantenimiento ordinario de los hogares, especialmente las cuotas de comunidad y los impuestos municipales.
En principio, el Gobierno regional prevé pagar a la Sareb por una vivienda ocupada unos 75 euros al mes, mientras que si el piso está vacío la administración abonaría 125 euros mensuales. "Eso no significa que quienes habitan en la vivienda tengan que pagar ese alquiler", precisan desde la Consejería, ya que variará en función de los ingresos de las familias, pues habrá situaciones en las que no se pueda pagar nada o una parte. No está todavía fijado el baremo que se cobrará a las familias.
Por su parte, la entidad privada se compromete a garantizar la habitabilidad de la casa.
La consejera de Vivienda, la socialista Patricia Hernández, espera sellar el acuerdo con la Sareb este mes. Mientras se atan los flecos de la negociación con el banco malo, el Ejecutivo también baraja firmar otros convenios con entidades financieras para incrementar la bolsa de pisos en alquiler social.
"La cuestión es saber cuántas viviendas tienen vacías, en qué sitios y en qué condiciones", indicó Hernández, que se ha reunido ya con directivos de CaixaBank y Bankia en el Archipiélago.
Los contactos con la banca están avanzados y existe "buena predisposición". La Consejería de Vivienda persigue, en definitiva, elaborar un censo "detallado" de casas vacías. Esta medida está incluida en la Ley de Vivienda, aprobada por el Parlamento regional en junio de 2014 y suspendida por el Tribunal Constitucional, tras el recurso del Estado contra varios preceptos de la norma, que declara la expropiación del uso de casas a bancos para evitar que familias afectadas por desahucios se queden sin hogar.
Sin embargo, el Ejecutivo canario seguirá adelante "sí o sí" con el censo, al considerar que no existe "ningún impedimento legal" y este registro "no es inconstitucional".
