El Gobierno canario avala un criterio para la distribución de los 160 millones del ITE que supondría que la mitad de los mismos irían al 17% de la población de las Islas, mientras que el 83% recibirían la otra mitad. Este escenario supondría un claro desfase en la inversión por habitante entre las islas menores y las dos islas capitalinas. Aplicar la triple paridad del sistema electoral al reparto de estos fondos públicos supone que las tres islas menores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife recibirían hasta 347 euros por habitante, las dos islas no capitalinas de Las Palmas unos 160 euros, mientras que Gran Canaria y Tenerife se quedarían con unos 45 euros por su elevada población.
Las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro suman 115.116 habitantes según el censo de 2014, lo que refleja la pérdida paulatina de población que han sufrido en los últimos años. Repartir 40 millones de euros en inversiones para estas tres islas supondría un gasto per cápita de 347,3 euros. Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura, que a priori podrían recibir otros 40 millones por este criterio, cuentan con una población de 248.870 habitantes y recibirían 160,7 euros por habitante de este plan de desarrollo que diseñan la Comunidad Autónoma y los siete cabildos. En el caso de las islas capitalinas, Gran Canaria -855.134 habitantes- obtendría con los mismos 40 millones una inversión per cápita de 46,7 euros y Tenerife -897.879- tendría 44,5 euros.
El desequilibrio inversor se evidencia si se suman los 80 millones que se repartirían las cinco islas no capitalinas-con una población total de 364.026 residentes-, lo que deja una media de 219,7 euros por habitante frente a los 45,6 euros per cápita para los 80 millones a repartir entre los 1,7 millones que viven en las dos islas mayores.
A pesar de todo, el portavoz del Ejecutivo canario, Narvay Quintero, señaló ayer tras el Consejo de Gobierno que aplicar la triple paridad a los 160 millones provenientes del ITE "puede ser el marco más adecuado para que haya solidaridad entre las islas mayores y las no capitalinas" en el reparto de las inversiones, por eso el dirigente herreño indicó que no le parece una mala distribución de los fondos.
No obstante, el debate no ha hecho más que empezar. El también consejero de Agricultura recuerda que la reunión del pasado sábado entre los presidentes de los siete cabildos y el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, es una primera toma de contacto y que aún las corporaciones insulares no han presentado una propuesta formal a la Administración autonómica. No obstante, la iniciativa lanzada por el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha sido secundada por todos los presidentes excepto el de Gran Canaria, Antonio Morales. Incluso el presidente insular tinerfeño, Carlos Alonso, se ha mostrado a priori de acuerdo con la iniciativa como sistema para respetar la solidaridad con las islas menores.
Aunque al Ejecutivo regional no le parece una mala distribución, ahora falta que se concrete el acuerdo político con el Ministerio de Hacienda en forma de convenio. Será entonces cuando continuarán las reuniones con los cabildos para pactar la fórmula de reparto de los fondos.
Como ya hizo con las carreteras, el presidente insular grancanario, Antonio Morales, ha vuelto a mostrar sus discrepancias con el Ejecutivo de Fernando Clavijo esta vez con el reparto de los 160 millones del ITE. El dirigente de Nueva Canarias (NC) se mostrará beligerante en su oposición a este criterio de distribución porque se destinan la mitad de los fondos a los 1,7 millones de las islas capitalinas y la otra mitad a los cerca de 300.000 habitantes de las periféricas.
Morales recuerda que las islas mayores cuentan no sólo con el 83% de la población sino también con 300.000 parados frente al 17% de la población y unos 50.000 desempleados que acumulan las islas no capitalinas. Por eso ha hecho un llamamiento a la sociedad, partidos e instituciones de Gran Canaria para que defiendan un reparto justo de los recursos económicos del Archipiélago. "Estamos hablando de una distribución para diez años y este criterio no es ni equitativo ni justo, no puedo aceptar que los grancanarios sufran un tratamiento que entiendo discriminatorio", aseveró el presidente insular.
Morales pone sobre la mesa el Régimen Económico y Fiscal (REF), en el que se establece criterios de población, territorio y un índice corrector para las islas con menos población. El presidente del Cabildo de Gran Canaria advierte que este tipo de fórmulas de distribución no se pueden saltar de manera improvisada de un momento para otro porque convenga, "son las reglas del juego aceptadas por todos y las tenemos que respetar".
Los alcaldes, a la espera
La Federación Canaria de Municipios (Fecam) está a la espera de que se concrete la propuesta de distribución de los fondos del ITE, no obstante el presidente del órgano que representa a los ayuntamientos, Manuel Ramón Plasencia, considera que la prioridad debe ser generar actividad económica en las pymes de los municipios, tanto en mantenimiento de infraestructuras como en nuevas obras.
Plasencia matizó que no hay documentos sobre la mesa, ni por parte del Gobierno ni de los cabildos, con propuestas concretas y que cuando llegue el momento los ayuntamientos también expondrán sus iniciativas para que sean debatidas, a fin de que las tres administraciones lleguen a un acuerdo. Plasencia advierte que las instituciones públicas "no pueden ir por libre" cuando se trata de invertir fondos públicos en inversión y empleo ante los numerosos problemas sociales que sufren muchas familias canarias.
El renovado comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios se reunió ayer con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. El reelegido presidente, Manuel Ramón Plasencia, señaló que la coordinación entre los ayuntamientos y el Ejecutivo ha funcionado en algunas cuestiones como el plan de empleo social, las ayudas de emergencia sociales o las políticas activas de empleo, aunque también los alcaldes son conscientes de que no se ha podido llegar a resolver los problemas de todas las familias que peor lo están pasando. Por eso insistió en mantener la coordinación entre las administraciones para continuar con estas políticas.
