Las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Además, también se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de los altos cargos, aunque con la omisión de los datos referente a la localización de los mismos y con la salvaguarda de la privacidad y seguridad de los titulares.
El Consejo de Gobierno envió ayer al Consejo Consultivo el decreto que modifica la regulación de la organización y funcionamiento del registro de intereses de altos cargos, con el fin de adaptarse a la modificación introducida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada en diciembre de 2014.
Por su parte, la Consejería de Presidencia y Justicia del Ejecutivo regional ya está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que regule con carácter general el estatuto de los altos cargos. Unos de los objetivos del mismo es incorporar al ordenamiento autonómico los principios, valores y reglas de actuación que deben servir de guía para las decisiones y conducta de los miembros del Ejecutivo regional. De esta forma se busca reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, además de actuar de forma transparente y responsable por parte de los cargos públicos.
La publicación de los bienes y patrimonios de los cargos públicos de la Comunidad Autónomo forma parte de una normativa que también ha alcanzado al Parlamento canario, que por primera vez también está publicando los bienes patrimoniales de los 60 diputados que forman parte de la Cámara autonómica.
