La Fiscalía Anticorrupción acusa al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista Miguel Zerolo, y al exedil de Urbanismo, Manuel Parejo, también de CC, de haber mantenido una postura "antieconómica e irracional" en la fijación del precio pagado en 2001 por parte del Ayuntamiento santacruceros a Inversiones Las Teresitas por los terrenos de la playa. En las conclusiones provisionales de la Fiscalía, se establece que tanto Zerolo como Parejo, "con su comportamiento arbitrario y al margen de los procedimientos reglados", propiciaron un lucro de 39 millones de euros a la sociedad de Ignacio González y Antonio Plasencia. Y ello, dice la Fiscalía, con el único objetivo de ayudar a esa empresa a superar la complicada situación económica en la que se encontraba, y en perjuicio de los intereses municipales.

En el caso Las Teresitas, cuyo juicio podría celebrarse a principios del próximo año, se investiga la operación por la que en 2001 el consistorio chicharrero adquirió 11 parcelas del frente de la playa por 53 millones, 39 millones más del valor establecido por la arquitecta municipal.

Están imputadas 13 personas, entre las que se encuentran el exalcalde y el exedil de Urbanismo, para los que la Fiscalía pide ocho años de cárcel. También se sentarán en el banquillo de los acusados los exediles Emilio José Fresco, del PSOE, y José Emilio García Gómez, del PP; los empresarios Ignacio González, Antonio Plasencia, Pedro González y Carlos Plasencia, y cinco empleados públicos.

En el auto que anuncia la apertura del juicio oral ya aparece Miguel Zerolo entre los imputados, pues la causa que se instruye contra él ha pasado del Supremo al Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife tras perder su condición de aforado, una vez abandonó su escaño de senador a principios de año. Por lo tanto, en las conclusiones provisionales de la Fiscalía se especifica que la decisión de comprar los terrenos de la playa a Inversiones Las Teresitas fue adoptada "unilateralmente" por el exalcalde.

En este sentido, la Fiscalía mantiene que Zerolo, Parejo, los empresarios Plasencia y González y el letrado de la Junta de Compensación -órgano que aglutinaba a algunos propietarios de los terrenos de la playa-, Mauricio Hayek, se dedicaron, antes de que se produjera la operación de compraventa a "llevar a cabo diversas reuniones, ninguna de ellas documentadas y totalmente ajenas a cualquier procedimiento administrativo".

En las conclusiones provisionales se señala a Zerolo y Parejo como las personas que decidieron la compra de las parcelas con dinero del Ayuntamiento "sin que hubiese causa alguna que lo justificase" más allá de la situación financiera de los empresarios. Ignacio González y Antonio Plasencia se encontraban "totalmente apremiados porque los intereses que tenía que satisfacer su empresa a la Caja General de Ahorros de Canarias ascendían a casi dos millones de euros al año; porque dicha sociedad no tenía ingresos para hacer frente al pago de los mismos; porque los socios debían aportar dinero de su propio bolsillo para satisfacer los gastos; y, lo que es peor, porque en el año 2002 además de los intereses se deberían empezar a pagar amortizaciones de capital de cinco millones de euros al año".

Por lo tanto, y según la Fiscalía Anticorrupción, los acusados aprobaron la operación de compraventa para beneficiar "única y exclusivamente a la parte privada, a costa de un grave perjuicio a las arcas municipales". Y lo hicieron, se añade en las conclusiones provisionales, a pesar de que eran "totalmente conocedores de que el Ayuntamiento ya tenía cedidos gratuitamente 31.709 metros cuadrados [según un convenio datado en 1986], y a pesar de que se había acordado en un pleno del Consistorio de 2001 la compensación por aprovechamiento urbanístico".

Asimismo, "lo hicieron al margen de la línea de deslinde marítimo terrestre de 1961 vigente en aquel momento, que afectaba a 9.076 metros cuadrados de los 109.420 que pensaba adquirir la Corporación local, por lo que en el momento de la compra, dichos terrenos eran inalienables, imprescriptibles e inembargables". Y lo hicieron, se insiste por parte de la Fiscalía, pese a que había varias tasaciones, incluidas la de la arquitecta municipal, que daban un precio mucho más bajo que el que finalmente se pagó.

En las conclusiones provisiones se explica que una vez conseguidos todos los informes favorables a la operación, Zerolo y Parejo, dieron las instrucciones precisas para que se procediera a la aprobación de la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento de una manera inmediata. "Sin que conste justificación alguna a dicha urgencia, el convenio es aprobado en sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Comisión de Urbanismo y de Economía el 18 de julio de 2001", presidida por el exalcalde.