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El exgerente de Grafcan niega las operaciones opacas en El Salvador

Pizarro achaca su despido a un supuesto uso irregular de la tarjeta para gastos de representación

Bernardo Pizarro. LP / DLP

El exgerente de Cartográfica de Canarias (Grafcan), Bernardo Pizarro, niega que el motivo de su despido sea una operación opaca en El Salvador. Achaca esa decisión por parte de la Consejería de Política Territorial a un supuesto uso irregular de la tarjeta de crédito para el pago de gastos de representación y comidas, según se aduce en la carta de despido que le fue entregada por la empresa pública. En un comunicado, Pizarro defiende su gestión al frente de la sociedad mercantil y la califica de "transparente y eficiente". Se desmarca, así, de la investigación interna abierta por el Gobierno regional por las irregularidades detectadas en un contrato para actualizar el catastro del país centroamericano, que le fue adjudicado en UTE con la empresa gallega Toponort.

Para hacer frente a esa adjudicación en 2013, la empresa pública, dirigida entonces por Pizarro, hipotecó su sede de Las Palmas de Gran Canaria, en la Avenida Juan XXIII. Este además firmó tres pagarés por un total de 7,2 millones de euros (2,4 millones cada uno). El consejo de administración de Grafcan, según el Gobierno, desconocía la existencia de dos de ellos. Pizarro lo niega.

Para conocer las dimensiones el riesgo patrimonial al que se enfrenta la empresa, Política Territorial ha encargado igualmente una auditoría a Pricewaterhousecoopers y además ha iniciado conversaciones con el gobierno salvadoreño y con su socio, que hasta hace pocos meses se negaba a informar de la situación de los trabajos y de las cuentas de la empresa. Sólo se obtuvo respuesta de los gallegos cuando se les advirtió, a través de un requerimiento notarial, con tomar acciones legales.

El informe de la Consejería deja al descubierto que el gerente de Toponort en El Salvador tomaba decisiones unilaterales tanto técnicas como económicas, disponiendo de fondos sin contar conGrafcan y poniendo en peligro la ejecución del proyecto, presupuestado en 14,2 millones de dólares (12,5 millones de euros).

Grafcan intenta ganar tiempo ya que la rescisión del contrato llevaría aparejadas multas que podrían alcanzar los 4,2 millones de dólares (3,95 millones de euros).

En su comunicado, Pizarro, sobre el riesgo patrimonial para Grafcan, asegura que "sólo en caso de incumplimiento del contrato se ejecutarían las garantías" y "por la información de que dispongo el contrato se está ejecutando a satisfacción de del CNR [Centro Nacional de Riesgos]" de El Salvador.

Respecto a la hipoteca que pesa sobre las oficinas en la capital grancanaria sostiene que el 9 de diciembre de 2013 se celebró un consejo de administración de Grafcan para informar sobre la operación de formalización del aval para asumir el contrato y aprobar la misma. "Ese mismo día y posteriormente se formaliza ante notario el contrato mercantil de constitución de aval con Bankia, por importe de 800.000 euros, para operaciones financieras. En representación de Grafcan actuaba el presidente del consejo de administración, Domingo Berriel [exconsejero del Gobierno]. Bankia exigió como contragarantía hipotecar el local de Las Palmas de Gran Canaria además del aval emitido por Sogapyme por importe de 800.000 euros. De esta operación", insiste, "estaba informado el consejo, que adoptó un acuerdo específico" para autorizar a Berriel su formalización.

En cuanto a los tres pagarés, Pizarro explica que el 10 de diciembre de 2013 se otorgó a Seguros del Pacífico -la legislación salvadoreña requiere que los avales emitidas por bancos extranjeros estén respaldadas por una entidad financiera del país- dos garantías: una por fiel cumplimiento del contrato y otra como respaldo al anticipo necesario para empezar los trabajos equivalente al 20% de la suma contratada). "Ambas garantías requerían como contragarantía los correspondientes pagarés". Los dos, asegura, están depositados en Seguros del Pacífico y se devolverán a la finalización del proyecto, prevista en diciembre de 2016. "De la existencia de estos pagarés y del resto de acciones informó detalladamente al entonces consejero delegado de Grafcan, Juan Guedes Faria", dice.

Pizarro también hecho frente a gastos por 6.000 euros con la tarjeta de la empresa en fin de semana.

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