Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2016 ascenderán a 7.113 millones de euros, lo que implica un crecimiento de un 6% y un aumento de 400 millones de euros respecto al presente ejercicio. No obstante, debido a los límites del gasto y el objetivo de déficit impuestos por el Estado y Bruselas, el "gasto real y efectivo" se quedará finalmente en 92 millones, que se destinarán en primer lugar a cubrir las necesidades de los servicios sociales y el sobrante a la sanidad y a la educación.
Este es el avance de las cuentas autonómicas del próximo año que efectuó ayer el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, quien compareció flanqueado por todos los miembros de su Ejecutivo -que sustenta CC y el PSOE- , tras un Consejo de Gobierno deliberante para analizar los cien primeros días de su gestión. El jueves se volverá a reunir para aprobar sus primeros presupuestos.
Clavijo quiso hacer especial hincapié en que este Gobierno tiene otra forma de trabajo basada "en el diálogo" constante con las administraciones y con los agentes sociales y económicos, y señaló que en el poco tiempo que llevan han realizado un "trabajo intenso" que ya ha dado sus frutos. Citó como logros la condonación del ITE (Impuesto General por el Tráfico de Empresas) por parte del Estado, que supondrá un ahorro aproximado de 160 millones de euros anuales, los cuales se destinarán a un fondo de desarrollo que cogestionará con cabildos y ayuntamientos, y el reglamento de la reforma fiscal del REF, además de la actual negociación de las medidas económicas. "Es el mejor ejemplo de los resultados que se cosechan tendiendo puentes", apuntó, tras precisar en cuanto al ITE que es "una demanda que Canarias llevaba reivindicando más de 22 años".
Clavijo hizo, sin mencionarlo expresamente, una crítica velada a la postura de enfrentamiento del anterior Gobierno canario, presidido por Paulino Rivero, con el Estado. Lo que sí censuró abiertamente fue la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y la ley de Dependencia en el anterior mandato, que "no fueron presupuestadas adecuadamente", por lo que en mayo se quedaron sin recursos y han tenido que recurrir a elaborar una ley de crédito extraordinario que aprobarán a principios de noviembre. El montante será de 39 millones de euros, de los que siete millones se destinarán a la financiación de la PCI, 1,9 millones a la cobertura de las necesidades de la dependencia y el resto a la paga extra pendiente de los funcionarios
Los ingresos
El Ejecutivo regional prevé que el PIB canario crezca en 2016 un 2,8%, una previsión que, a nivel nacional, el Gobierno central ha situado en el 3 %. El aumento de los ingresos rondarán los 280 millones de euros y junto a los ahorros de la refinanciación de la deuda se obtendrá el aumento de los 400 millones, pero el cumplimiento del objetivo de déficit impide un gasto de tal calibre y lo circunscribe a 120 millones, a los que se han de descontar los 28 millones que costará la subida del 1% de los salarios de los funcionarios. Con todo ello, el gasto efectivo será de 92 millones, explicó el presidente, y aunque quedará un margen "muy estrecho" se podrá "avanzar" en la cobertura de los servicios públicos esenciales. Además, destacó que es "el primer presupuesto expansivo en los últimos seis años" e insistió en que los nuevos presupuestos preverán la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y que en 2018 acometerá una reforma fiscal en su conjunto en función de cómo evolucione la coyuntura económica.
El presidente canario destacó que en estos primeros cien días de la novena legislatura, que han pasado "volando por la intensa agenda de trabajo", se han centrado en "buscar puntos de encuentro y diálogo" tanto con el Gobierno central como con los cabildos, ayuntamientos y la UE. En referencia a sus recientes gestiones en Bruselas, reseñó que se han despejado todas las dudas para el acceso a los 162 millones de euros del Fondo Social Europeo, y se ha trazado la hoja de ruta para el desarrollo de los programas europeos, que supondrán una inversión de más de 2.400 millones hasta 2020.
El presidente canario quiso escenificar la unidad del Gobierno con su comparecencia pública y desterrar así cualquier duda sobre la duración del pacto regional entre CC y el PSOE en virtud del resultado de las elecciones del 20 de diciembre. "No afectará en absoluto a la composición" del Ejecutivo regional, enfatizó, al tiempo que restó importancia a la alianza que sellará hoy su socio, el PSOE, con Nueva Canarias de cara a la cita electoral nacional. A este respecto recordó que CC se presentó en los pasados comicios generales con NC y también había un pacto en Canarias con el PSOE.
Polémica del ITE
Ante el polémico reparto de los 160 millones del ITE y la oposición del Cabildo de Gran Canaria a que se distribuyan por el criterio de la triple paridad electoral, el presidente afirmó que sólo hay "una voz discordante" en torno a esta fórmula, en referencia al regidor grancanario, Antonio Morales. Precisó que el resto de cabildos y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) se muestran a favor de esta distribución y recordó que los recursos se van a usar en un fondo de desarrollo con una duración de diez años, con el que se financiarán iniciativas encaminadas a crear empleo y a la inversión. Y que "cogestionarán" las corporaciones locales, insulares y la autonómica, tras la suscripción de convenios de las actuaciones a realizar en cada isla y municipio.
"Me niego a creer que con recursos sobre la mesa no seamos capaces de ponernos de acuerdo", expuso, al tiempo que rechazó que esta cuestión sea objeto de "intereses partidistas o tactistas" antes de las elecciones. Insistió en que la mejor fórmula de reparto de esos fondos es la triple paridad, y recalcó que si se hiciera según el reparto de los recursos del REF -en función del peso de la población y la superfice-, como demanda Antonio Morales, Gran Canaria recibiría 34,6 millones, 5,4 millones menos que con el de la triple paridad.
"No hay ningún representante político que no quiera solucionar los problemas de sus vecinos", reseñó para manifestar su convencimiento de que ayuntamientos, cabildos y Gobierno llegarán a un acuerdo para "cogestionar" los fondos del ITE, y en el caso de que el Cabildo grancanario siga oponiéndose se dará "un mal ejemplo a la ciudadanía".
