En España hay "más de 100.000" aforados, una cifra "excesiva", según el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, quien abogó este lunes por limitar el número de personas que por desempeñar un cargo público o por su profesión, en caso de ser imputadas por un presunto delito, son juzgadas por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. La reducción de aforados contribuiría, en su opinión, a "mejorar la imagen de la Justicia y la higiene democrática".
Jueces, fiscales, diputados nacionales, senadores, miembros del Gobierno central y de los ejecutivos y parlamentos autonómicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado gozan de la condición de aforados, circunstancia que no ocurre en ningún otro país de Europa, donde son "más restrictivos". "Hay demasiados aforados", manifestó tajante el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) durante el Foro de LA PROVINCIA / DLP, patrocinado por JSP, Lopesan y Astican.
De hecho, la Constitución Española recoge que a este fuero deben acogerse en principio solo los miembros del Ejecutivo central y de las Cortes, que suman "800 o 900". Pero para bajar la cifra es necesario una reforma de la Carta Magna, por lo que Navarro reivindicó un "consenso definitivo" entre todas las fuerzas políticas con el fin de "dar sensatez al sistema".
A su entender, "se debe petrificar el aforamiento cuanto antes", pues no tiene sentido que una persona aforada cuando deje de estarlo su procedimiento vaya a otro órgano judicial "y así pasen meses y meses" deambulando las causas de un lugar a otro.
"Por y para la democracia"
El magistrado tinerfeño tomó posesión como presidente de la Audiencia Nacional en mayo de 2014, tras cesar como presidente del TSJC, puesto que ocupó desde junio de 2013. Ingresó en la carrera judicial en noviembre de 1991 y ejerció en varios destinos, tales como Alicante, Icod de los Vinos, La Orotava, Manresa y Santa Cruz de Tenerife. Desde diciembre de 2004 hasta mayo de 2013 presidió la Audiencia Provincial de Tenerife.
En su discurso, Navarro detalló los orígenes, estructura y funciones de la Audiencia Nacional, que surgió hace 39 años en pleno tránsito de la dictadura a la democracia. Negó que la institución sea la sucesora del antiguo Tribunal de Orden Público, que existió en la última etapa del franquismo, al tiempo que remarcó que es el primer tribunal "de nueva creación en un siglo y nacido por y para la democracia".
La Audiencia es una organización jurisdiccional con competencias en todo el territorio nacional. Ésa es su esencia. Su Sala de lo Penal es la que más se visibiliza, ya que investiga delitos de terrorismo y corrupción, aunque también tiene una Sala de lo Contencioso-Administrativo y otra de lo Social. Muchos países europeos e iberoamericanos se interesan por su organigrama debido a su "eficacia", señaló. Tiene potestad en jurisdicción internacional, corrupción, falsificación de moneda o tarjetas por redes criminales, trata de seres humanos y blanqueo de capitales.
Navarro destacó la "importancia decisiva" de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo e hizo hincapié en la Ley de 2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que tienen una tutela especial por parte de este órgano. Así, cifró en 675 los procedimientos por terrorismo incoados por ese tribunal que abarcan a 1.156 víctimas mortales. Ya están prácticamente todas las causas digitalizadas y a disposición tanto de las víctimas como de los estudiosos.
Además, subrayó el papel del Juzgado de Menores, que se creó a principios de 2001 y acabó con la kale borroka, al exigir a los padres de los menores que destrozaban mobiliario urbano responsabilidades civiles derivadas de los delitos cometidos. Actualmente, este órgano tiene siete procedimientos contra menores por terrorismo yihadista y 21 por humillación de víctimas y exaltación del terrorismo.
Navarro ya da por "desaparecido" y "derrotado" el fenómeno de ETA, aunque "quedan unos rescoldos" en los que centran sus esfuerzos tanto la Audiencia Nacional como los cuerpos de seguridad. Todavía hay unas 30 personas en busca y captura.
No obstante, la "prioridad" ahora es combatir el yihadismo. La modificación de la ley antiterrorista permite adelantar las barreras de protección penal y da cobertura legal a la policía para investigar páginas en Internet sobre yihadismo. Hay más de 30.000 webs y redes sociales a través de las que se persigue el adoctrinamiento y la captación de terroristas. Navarro advirtió de que "las personas que entren en esas páginas de forma habitual para adoctrinarse están cometiendo un delito, sin ni siquiera tocar un arma ni viajar a Siria o Irak". Acto seguido garantizó que "España es un país muy tranquilo yel nivel de seguridad es muy alto".
Por otro lado, resaltó la labor del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia, donde entran 10.000 expedientes al año y tiene pendientes unos 800. En estos momentos hay 4.150 internos sometidos a control de este órgano.
En su intervención, informó del descenso del narcotráfico frente a aumento del crimen organizado y la trata de seres humanos.
Asimismo, defendió la reforma de la Audiencia Nacional acorde con la de la Justicia en España, al tiempo que lamentó que "muchas veces" los jueces parecen "pedigüeños" al reclamar más fondos al Estado o a las comunidades autónomas para atender la falta de medios humanos o materiales. En este sentido, reclamó un acuerdo entre los partidos para preservar mediante una ley orgánica "un tanto por ciento" de los presupuestos del Estado y de las autonomías para la Justicia.
Partiendo de ello, demandó más recursos para los juzgados, si bien reconoció que la Audiencia Nacional no se puede quejar, ya que "está toda digitalizado". A los letrados se les facilita una clave de Internet para consultar los procedimientos, por lo que "no existe ni un papel".
En último término, Navarro elogió las infraestructuras judiciales en Canarias y la calidad de sus medios de gestión procesal.
