El hecho de que "un juez pase a la vida política me parece un derecho constitucional inalienable, ¡solo faltaba!", contestó ayer el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, en el turno de preguntas del Foro LA PROVINCIA / DLP. Dirigió inevitablemente su mirada hacia la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz de Jueces para la Democracia, Victoria Rosell, a quien Podemos ha ofrecido liderar su lista al Congreso por Las Palmas.
El magistrado tinerfeño apuntó, además, que la ley regula "de forma sensata" este tipo de circunstancias, así como el regreso de los jueces a la carrera judicial. De tal forma que hay fórmulas de recusación y abstención.
Asimismo, fue cuestionado acerca de si cree aptos a Concepción Espejel y Enrique López para juzgar el caso Bárcenas sobre la caja B del PP debido a su afinidad ideológica con esta formación. La Audiencia ha admitido a trámite las recusaciones presentadas por falta de imparcialidad contra ambos magistrados y la Sala de lo Penal dictará una resolución al respecto "en breves semanas".
En cuanto a la excesiva demora en la resolución de los casos de corrupción, Navarro Miranda defendió que una de las medidas para evitar la "eterna duración" de los procesos es que instruya el fiscal.
Tanto para este tipo de procedimientos como en general reivindicó dar mayor protagonismo al Ministerio Público para agilizar las investigaciones. De hecho, afirmó que la regulación temporal de la instrucción es "perfecta" si recae en la Fiscalía. Ello evitaría la dilatación de las causas, pues en muchas ocasiones son instruidas por varios jueces y citó como ejemplo el accidente del petrolero Prestige, investigado desde 2002 por "trece o catorce jueces".
En esta línea apostó por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que confiera la instrucción de los procesos al Ministerio Público para acabar con la lentitud de la Justicia. La actual normativa data de 1882 y ha tenido más de 70 modificaciones, 60 de ellas después de la Constitución. Navarro confesó que él mismo a veces desconoce qué parte está en vigor y cuál no.
Criticó que "todos los gobiernos tienen intención de hacer una ley armónica, pero se va modificando por parches y no hay una ley única".
A su entender, en España se debe dar "el paso definitivo", emprendido también en otros países, y que el juez solo se encargue de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", mientras que la instrucción debe llevarla a cabo el fiscal.
Recelos
"El juez no debe instruir, sino garantizar los derechos" de los procesados, ahondó. Según su propia experiencia como juez instructor durante más de quince años, el hecho de que el propio instructor defienda los derechos constitucionales del inculpado y a la vez busque pruebas en su contra "es una situación un poco kafkiana".
Sin embargo, su propuesta de ceder las diligencias a la Fiscalía despierta recelos entre varios de sus compañeros, al entender que estos funcionarios dependen de instrucciones del Estado. Aun así, Navarro Miranda defendió la independencia de los fiscales y aseguró que nunca ha visto que se le den "órdenes" a los que trabajan en la Audiencia Nacional. "Pero si hay que dotarles de más independencia se dota. No habría ningún problema de dependencia del Gobierno a la hora de instruir", apostilló.
Es más, su idea coincide con una reivindicación histórica de los fiscales e incluso en 2011 el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, trató de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de dar a los representantes del Ministerio Fiscal el control de la instrucción. En cambio, esto no llegó a fructificar.
Con todo, el magistrado y también expresidente del TSJC alentó a los jueces a dividir las causas lo máximo posible y a "no hacer macroprocedimientos". Además, destacó que España cuenta con la ratio de jueces más baja de Europa por cada 100.000 habitantes.
Por otro lado, preguntado sobre las tasas judiciales, admitió que fue un error imponerlas y un acierto retirarlas. Recordó que todos los operadores jurídicos, colegios de abogados y de procuradores y jueces, se movilizaron en contra de su implantación y "afortunadamente se ha modificado" la ley, pues se ha eliminado el pago por parte de las personas físicas. Según sus palabras, las tasas "no son inconstitucionales ni ilegales, lo que no puede ser es que haya tasas que dificultaban, si no impedían, el acceso a la justicia de los ciudadanos".
Durante su conferencia, Navarro Miranda planteó la necesidad de implantar de una vez la nueva oficina judicial "que haga más eficaz el trabajo de los jueces y funcionarios". Asimismo, apostó por modificar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
