Los 60 ayuntamientos de Canarias con menos de 20.000 habitantes se quedan en dos meses imposibilitados legalmente para ofrecer la prestación de Servicios Sociales a quienes la necesiten. No podrán gastar un euro en ayudas a los vecinos, a menos que reciban las competencias del Gobierno canario y, en su caso, con su dotación presupuestaria.
La entrada en vigor, el uno de enero de 2016, de uno de los capítulos de la Ley de Racionalización de la Administración Pública del Gobierno de España, está provocando un auténtico terremoto en los municipios y en el Ejecutivo de Canarias.
"Estamos muy preocupados", señaló ayer la socialista Isabel Mena, viceconsejera de Servicios Sociales del Gobierno canario y uno de los responsables políticos de la asunción de las competencias con las que ahora cuentan los ayuntamientos.
"No es urgente. Es emergente. Estamos preocupadísimos alcaldes y ayuntamientos", recalcaba Francisco Linares, de Coalición Canaria, alcalde de La Orotava, que califica la situación como de una "gravedad absoluta".
El Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Servicios sociales, que dirige Alfonso Alonso, que "solucione el disparate" en palabras de Isabel Mena. Es decir, que aplace la entrada en vigor de esa parte de la ley. Aunque desde el Ejecutivo canario no se descarta que lo solucione el Gobierno de España también se está preparando una alternativa. Esta pasará por la Ley Canaria de Municipios para que, una vez asumidas las competencias de Servicios Sociales por la consejería de la vicepresidenta Patricia Hernández, puedan ser "delegadas" de nuevo por medio de convenios a los Ayuntamientos. Esta operación ya se hizo con las competencias de Educación y Deportes, que desde el 1 de enero de 2015 también sufrieron el mismo cambio, y continúan en manos municipales.
La diferencia en Servicios Sociales no solo está en la materia misma que tratan sino también en la "ficha financiera", que deben llevar esas transferencias, al volver a conveniarlas con los municipios. Isabel Mena calcula que delegar las competencias de Servicios Sociales en enero a los municipios con ficha financiera detallada "es inviable". Los alcaldes, por su lado, están imposibilitados por ley para asumir de nuevo los Servicios Sociales sin presupuesto autonómico. La intervención del Estado ya informó, vía circular a los interventores municipales, que no se pueden incluir en los presupuestos del 2016 partidas para Servicios Sociales.
El conflicto competencial, en la materia más sensible en plena crisis, está armado. Y el calendario se precipita a final de año. "Estamos con el agua al cuello", resumía la propia Isabel Mena. "La ley del PP despoja a los Ayuntamiento de las competencias". Por esa razón han pedido al Estado que retrase la entrada en vigor del articulado de la controvertida ley. Una comisión interterritorial de autonomías y gobierno de España está analizando la situación ya que, según Mena, otros gobiernos regionales, alguno del PP, también reivindican el aplazamiento.
"El Gobierno de España va a tener que rectificar. Es inasumible", insiste Isabel Mena. "Los ayuntamientos están dando la respuesta inmediata a los problemas de servicios Sociales. Es un ataque al municipalismo". Mena está manteniendo reuniones con Manuela de Armas, viceconsejera de Administraciones Públicas para buscar las fórmula de encarar la situación legal con la Ley Canaria de Municipios, pero insisten en reclamar "que no entre en vigor".
Desde los ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes se divisa el nuevo año con verdadero pánico, ante lo que puede suponer, en este tiempo, cerrar las puertas a las ayudas directas: guarderías, alimentación, recibos de luz, ayudas a domicilio, comedores y alquileres, por citar algunas de emergencia.
"Se necesita una ficha financiera para que los ayuntamientos garanticemos la continuidad de los servicios sociales", aseguraba ayer Hipólito Suárez, del PP, alcalde de Moya. "Lo gestionamos, pero dennos el dinero. La administración local no puede poner dinero y, si incumplimos, podemos ser sancionados". Con este problema de fondo, el comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) se reúne hoy con el consejero de Política Territorial de Canarias, Aarón Afonso.
