El Gobierno de Canarias emitirá un informe jurídico que garantice a los ayuntamientos seguir desarrollando sus competencias en servicios sociales. El Ejecutivo dará amparo legal a los interventores locales para que puedan incluir en los presupuestos del próximo año los fondos para atender las necesidades de sus vecinos. Con ello se esquiva la Ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que retira a los consistorios de menos de 20.000 habitantes la asistencia directa a los más desfavorecidos.
La normativa nacional limita a las administraciones locales sus funciones en servicios sociales, ya que sólo los que tengan más de 20.000 habitantes podrán realizar una reducida labor de evaluación e información de situaciones de necesidad y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión. Mientras que los municipios pequeños -60 de los 88 canarios- se quedarían sin esos servicios, que pasarían a manos de los cabildos o la Comunidad Autónoma a partir de mediados de diciembre.
Canarias recurrió en marzo del pasado año la ley estatal ante el Tribunal Constitucional al igual que los gobiernos de Andalucía, Cataluña y Asturias, y los parlamentos extremeño, catalán y navarro. En jaque están todos los servicios ligados a guarderías, ayuda a domicilio, emergencia social, respiro familiar, atención a discapacitados, comedores, ayuda para el pago de recibos de la luz y alquileres, entre otros, que prestan los consistorios.
La aplicación de la norma aprobada por el Gobierno central del PP origina reparos entre los interventores y secretarios, preocupados por cómo elaborar los presupuestos locales de 2016 sin tener claro si las competencias en servicios sociales corresponden a los ayuntamientos como hasta ahora, con su ficha financiera correspondiente, o deben acatar la legislación estatal. Para calmar su inquietud y la alarma creada entre los alcaldes, el Ejecutivo regional defiende una solución que evita el desmantelamiento de estos servicios esenciales. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, trasladó ayer al comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) que los ayuntamientos seguirán desempeñando estas competencias "propias" tal como establece la Ley de Servicios Sociales de Canarias, de 1987 y que permanece en vigor, así como el artículo once de la Ley de Municipios de Canarias, aprobada en marzo de este año por unanimidad en el Parlamento regional.
Ese es el "criterio jurídico" del Gobierno autónomo y se plasmará "por escrito" en un informe, a fin de garantizar a los alcaldes la continuidad de sus actuaciones en servicios sociales. Además, Afonso aseguró que los fondos económicos para prestar la atención social se mantendrán en los mismos términos que hasta ahora en los convenios acordados con la administración. "La Ley de Racionalización es un ataque claro al municipalismo, tenemos la suerte de que en Canarias existe una ley sectorial desde 1987 que atribuye esas competencias a los municipios, si no tendríamos un problema", reiteró el consejero. "El escollo no es económico, los municipios seguirían con las mismas partidas que hasta ahora para los servicios", apostilló la viceconsejera de Políticas Sociales, Isabel Mena, que quiso lanzar un mensaje de "tranquilidad".
A raíz del encuentro, la Fecam considera que "hay argumentación jurídica más que suficiente para que los ayuntamientos mantengan los servicios sociales", según su vicepresidente tercero y alcalde de La Matanza de Acentejo, Ignacio Rodríguez (PSOE), para quien el informe de la Consejería "clarificará todas las dudas de los interventores". En su opinión, "el drama hubiera sido aplicar a rajatabla la ley estatal" y resaltó que mantener los convenios actuales con la Consejería de Políticas Sociales es "un gran paso", pero abogó por "discutir" la financiación que contemplan estos conciertos.
El alcalde de Tegueste y presidente de la comisión de Bienestar Social de la Fecam, José Molina (CC), destacó que el planteamiento jurídico del Ejecutivo aplaca los ánimos de los regidores, pues de esta forma "no están en duda ni las competencias ni la ficha financiera". "Es una forma de mostrar a los interventores que cumplimos la ley", señaló. En todo caso, apostó por fortalecer las competencias de los ayuntamientos en la próxima Ley de Servicios Sociales.
