La Comisaría de Extranjería y Fronteras admite que en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se incumple el reglamento que los regula por falta de presupuesto. Para hacer frente a una posible proliferación de sentencias ordenando los cierres de los ocho establecimientos que hay en España, la Comisaría ha solicitado a los servicios jurídicos del Ministerio del Interior un dictamen de la Abogacía del Estado al respecto.
La solicitud se produce a instancias del secretario General de la Comisaría de Extranjería y Fronteras, Miguel Ángel Nogal, después de recibir una providencia del Juzgado de Control del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas, que dirige la jueza María Victoria Rosell. Esta urge en su escrito a ajustar "sin más dilación" las condiciones del centro a la normativa que los regula, en línea con una sentencia que dictó en julio y que no se ha acatado.
La jueza incidía en su fallo en particular a la prestación de asistencia jurídica y asistencia sanitaria, a la dotación de intérpretes, la de servicios sociales y culturales y a la adecuación de las infraestructuras básicas del CIE canario que impone el citado Reglamento, aprobado el año pasado en desarrollo de la Ley de Extranjería.
El secretario general reconoce que ese reglamento "no ha podido hasta ahora ser plenamente desarrollado debido a las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige" y avisa de que por ello, "el auto judicial remitido podría conllevar una decisión de cierre del CIE de Barranco Seco".
"Dado que la situación denunciada es extrapolable al resto de los centros, cabría esperar resoluciones similares", dice el escrito de la Comisaría de Extranjería y Fronteras. El auto de la juez Rosell -sopesa en estos momentos si será cabeza de lista de Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas- recoge que en Barranco Seco únicamente se cumple el reglamento en lo que respecta a personal policial. En cambio, no se ha dotado al centro de un médico ni de asistentes sociales y culturales. Así como tampoco se han suscritos los preceptivos convenios con los colegios de abogados para que los extranjeros con orden de expulsión puedan acceder a asistencia jurídica.
