Alrededor de doscientos militantes canarios de Podemos se han dirigido por escrito a la Comisión de Garantías Democráticas estatal de la formación que comanda Pablo Iglesias solicitando que tome medidas contra la secretaria general en las Islas, Meri Pita. Los firmantes sostienen que los expedientes de expulsión y disciplinarios padecidos por integrantes de la corriente en torno a la que se nuclean se han resuelto de modo arbitrario y al margen de las normas del partido.
Los demandantes afirman que las actuaciones de los órganos de dirección, "cuya principal responsable es su secretaria general", recalcan, "son más propias de un régimen medieval que de la convivencia en un estado social y democrático de derecho".
Se refieren de ese modo a la suspensión de militancia sufrida por el consejero y vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, y por su compañera en la corporación María Nebot, y los expedientes disciplinarios abiertos contra Andrés Ramírez, Jorge Pérez, Silvia Jaén, José de León, Miguel Ángel Robayna, Dara Lorenzo y Guadalupe Sosa entre los días finales del mes pasado y los primeros de octubre.
Los denunciantes afirman que todas esas actuaciones se han llevado a cabo con la Comisión de Garantías Democráticas de Canarias disuelta, tras dimitir tres de sus seis integrantes antes del verano. Además, añaden que la propia gestión de dicho órgano, ya extinto, "se encuentra en entredicho, pesando sobre algunos de sus miembros denuncia penal". Marion Peschutter, integrante del disuelto órgano disciplinario, adoptó dicha decisión contra quienes eran presidenta, Isabel Suárez, y secretario, Desiderio Sarmiento. Precisamente entre sus acusaciones está la de cometer irregularidades en la apertura de expedientes de expulsión o suspensión, además de los presuntos delitos de coacción y falsedad documental.
"Lo que está sucediendo en Canarias adquiere tintes de auténtica caza de brujas que está llevando a cabo la dirección de Podemos Canarias contra las personas afiliadas y militantes de nuestra organización", señala el escrito remitido a Madrid. En él también se afirma que la secretaria general ha desoído "las continuas demandas de la militancia en relación con la falta de democracia interna".
Los firmantes advierten además de que esa circunstancia "va a repercutir en los resultados electorales" de diciembre. Incluso aseguran no tener constancia de la conformación en las Islas del Consejo de Coordinación, órgano al que corresponde "iniciar el procedimiento disciplinario" y ponerlo en manos de la Comisión de Garantías. Por tanto, a su juicio cualquier expediente resulta "irregular".
A Meri Pita la acusan de "faltas muy graves" como quebrantar la Declaración Universal de los Derechos Humanos por no dar audiencia a los expedientados y no respetar la libertad de expresión y opinión. A ello suman infracciones muy graves del tipo de suplantación de cargo. Al asegurar que el Consejo de Coordinación Autonómico no está constituido, responsabilizan a la secretaria general de estar detrás directamente de las sanciones y aperturas de expedientes, lo que supondría, según los denunciantes, que Pita está asumiendo competencias que no le pertenecen.
Incidiendo en esa misma cuestión, el escrito dirigido a Madrid afirma que los expedientados no tienen tan siquiera conocimiento de quiénes son las personas que han tomado dicha decisión, "lo que no es una cuestión menor, dado que pudiera existir una arrogación de funciones por parte de quienes han actuado al no existir un Consejo de Coordinación formalmente constituido".
Ese mismo hecho impediría a los afectados por las medidas disciplinarias "formular recusación alguna de quienes hubieren intervenido en las reuniones" en las que se decidieron sus expulsiones y aperturas de expedientes. "Incluso, dirigir las acciones legales pertinentes contra los mismos, máxime teniendo en cuenta que con la apertura de los expedientes disciplinarios y la suspensión de militancia se pudieran conculcar derechos fundamentales" contenidos en la Constitución.
