La reunión bilateral Canarias-Estado que sellará la cesión de los fondos del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (ITE) ya tiene fecha. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se trasladarán a Las Palmas de Gran Canaria el lunes 9 de noviembre para firmar con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el acuerdo que engordará en aproximadamente 160 millones anuales los recursos de la Comunidad Autónoma.
Con ello se logra una de las reivindicaciones más demandadas por los sucesivos gobiernos regionales de las últimas décadas: acabar con la retención que año tras año hace el Estado a las Islas a través de los presupuestos generales del Estado, desde que en 1993 se creara el IGIC y Madrid obligara a compensarle, con una parte de ese impuesto, la pérdida de recaudación.
Aunque ahora se logra poner fin a esas retenciones, durante la presidencia de José María Aznar (1996- 2000) ya se había conseguido reducir una parte y con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011) quedó en la mitad, con la condición de destinar el dinero que debía llegar a Canarias a la creación de planes de empleo.
La rúbrica dará, además, rango jurídico permanente a la decisión política anunciada el pasado mes de septiembre por Montoro durante el encuentro que mantuvo con el mandatario canario en la sede del ministerio. Y quedará despejada, igualmente, la fórmula que permitirá a la Comunidad Autónoma dedicar ese dinero a inversión sin que afecte a la regla del techo de gasto. Según establece la ley de estabilidad financiera, todo ingreso extraordinario de las administraciones públicas debe destinarse a amortizar deuda.
Desde ese lunes, pues, los aproximadamente 160 millones anuales dejarán de ser "virtuales", tal y como los han venido calificando los detractores del sistema de reparto propuesto por la Federación Canaria de Islas (Fecai) y respaldado por el Ejecutivo regional.
Tras la reunión con Montoro en septiembre el presidente anunció la disposición del Gobierno a ceder el 100% de esos fondos a las corporaciones locales para destinarlos a un plan de desarrollo integral para inversiones públicas y la generación de empleo. Seis de las siete islas están de acuerdo en que el reparto se realice según la fórmula de la triple paridad con la que se distribuyen los escaños en el Parlamento regional más un coeficiente corrector en función de la tasa de desempleo; Gran Canaria es la única que se opone y reclama que se apliquen los mismos criterios que para repartir los recursos procedentes del REF: número de habitantes y número de municipios.
