Los alcaldes exigen al Gobierno de Canarias el pago íntegro de los servicios sociales a partir del 1 de enero, tal como establece la Ley nacional de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Los interventores municipales sostienen que desde ese día la Comunidad Autónoma tendrá que afrontar el 100% del coste de estas actuaciones, entre las que figura la prestación de servicios a domicilio, centros de mayores, guarderías, comedores, atención a discapacitados y ayudas de emergencia, como el pago de facturas de agua y luz.
Hasta el momento el Ejecutivo regional se ha limitado a dar "amparo legal" a los ayuntamientos para que sigan prestando estos servicios básicos, en virtud de la Ley de Servicios Sociales de Canarias de 1987 y la Ley de Municipios de Canarias, aprobada en marzo. Sin embargo, considera que la financiación se mantendrá en los mismos términos que hasta ahora fundamentalmente a través de los convenios del Plan Concertado, donde varía el porcentaje de fondos que aporta el ayuntamiento y el Ejecutivo en cada municipio.
La entrada en vigor dentro de dos meses de uno de los capítulos de la Ley de Racionalización, de rango estatal, inquieta a los ayuntamientos isleños, ya que, de aplicarse, esta norma retira a 60 de los 88 consistorios de municipios de menos de 20.000 habitantes la asistencia a los vecinos más desfavorecidos. Además de que restringe la labor social de las administraciones locales de más de 20.000 habitantes, cuya actuación quedará reducida a la evaluación e información de situaciones de necesidad y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión.
Los alcaldes temen verse obligados a recortar servicios y plantilla. El comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) expresó el 20 de octubre su preocupación al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, debido a la inseguridad jurídica sobre qué institución debe asumir las competencias en servicios sociales y los reparos de varios interventores y secretarios ante la elaboración de los presupuestos locales de 2006 y la inclusión de fondos para atender las necesidades de los vecinos.
Malestar
En este sentido, para salvaguardar la continuidad de estas funciones por parte de los ayuntamientos y saldar las dudas de los alcaldes, la viceconsejera de Administraciones Públicas, Manuela Armas, les envió un informe la semana pasada para aclarar que las competencias de servicios sociales se continuarán ejerciendo por los consistorios, tal como fija la ley sectorial de 1987 y la Ley de Municipios de Canarias. En cambio, dicho informe no apunta nada acerca del coste de esos servicios básicos.
Precisamente ahí radica sobre todo el malestar de los regidores. Es más, la disposición transitoria segunda de la Ley nacional de Racionalización advierte de que "si las Comunidades Autónomas no asumen los servicios de su competencia prestados por los municipios o no hubieren acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma".
El presidente del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Rodríguez, considera que "no hay un problema competencial" que impida a los ayuntamientos seguir prestando los servicios sociales, sino que a partir de enero el Gobierno de Canarias tendrá que afrontar el gasto "en su totalidad". "Esta cuestión requiere negociación política", añadió.
En todo caso, aseguró que en ningún momento se interrumpirán los servicios que desempeñan los ayuntamientos, que los sufragarán con fondos propios, pero que después tendrán que ser compensados por el Ejecutivo regional. En su opinión, no vale la fórmula de prorrogar los convenios en vigor y lamentó que en la Ley de Municipios de Canarias "no se hubiese atado mejor tanto las competencias como las fichas financieras" de las corporaciones locales.
Este texto tiene "errores técnicos y los estamos intentando solucionar en la práctica diaria, pero lo llamativo es que en su redacción y trámite parlamentario no se quiso contar con el asesoramiento de los colegios de interventores y secretarios", se quejó Rodríguez.
Entretanto, los alcaldes reivindican al Gobierno autonómico que abone los gastos de los servicios sociales. "Quiero que me transfieran el dinero y que la ley se cumpla. Asumo las competencias, pero me tienen que dar los fondos", reivindicó la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP), a quien el Ejecutivo regional aporta el 10% de recursos para desarrollar estos servicios a través del Plan Concertado.
En la misma línea se manifestó el alcalde de San Mateo, Antonio Ortega. "Si nos delegan las competencias, éstas tendrán que venir dotadas la ficha financiera correspondiente", destacó el regidor de Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), para quien "si no existen fondos los ayuntamientos no pueden asumir la carga".
Y es que los ayuntamientos son la primera puerta a la que llama el ciudadano, como recuerda el alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, del PSOE, que avisó de que "si no hay dotación económica resulta inasumible atender a los ciudadanos". "Suspender los servicios sociales sería un caos", alertó.
"Imagino que la ficha financiera vendrá junto con las competencias porque si no es imposible", compartió el alcalde de Tejeda, el independiente Francisco Perera.
Desde El Hierro, el mandatario de El Pinar, Juan Miguel Padrón (PSOE), traslada también su angustia. En este municipio, de 1.815 vecinos, se atiende a casi 50 usuarios de ayuda a domicilio, entre otras demandas sociales que satisface. Espera que desde el Ejecutivo haya "más contundencia" para disipar todas las dudas de los dirigentes locales antes de enero y "tranquilizar a los interventores".
El alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, insistió en que el Gobierno canario "tendrá que dotar el 100% de los fondos para servicios sociales". Si la respuesta del Ejecutivo al respecto se retrasa, este ayuntamiento se verá abocado a "fijar prioridades" y "algunos servicios se verían afectados".
El alcalde de Haría, Marciano Acuña, de CC, asiste "con preocupación" ante lo que se avecina para los consistorios y reclamó una "mejor financiación" de los servicios en cuestión. "Ahora mismo la solución no es suprimir los servicios, sino en todo caso compensar y ordenar esos fondos con un horizonte de planificación a medio y largo plazo". "No todos los servicios cuestan lo mismo en los distintos ayuntamientos", agregó Acuña. "Estamos en un embrollo, ha habido tiempo más que suficiente para haber buscado una salida y no ahora deprisa y corriendo, el tiempo es acuciante", protestó el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, preocupado porque en su ciudad funcionan numerosos programas sociales demandados por los vecinos que "ahora se tambalean".
