Las familias de los cuatro miembros del Ejército del Aire fallecidos el 19 de marzo de 2014 al caer al mar el helicóptero Super Puma del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) en el que volaban estudian crear una asociación de víctimas de accidentes militares "de todo tipo". Su objetivo es exigir que "resplandezca la verdad" de cada siniestro y "velar" por los derechos de los muertos o heridos en acto de servicio.
Los tripulantes de la aeronave que se estrelló el año pasado en aguas del Atlántico entre Gran Canaria y Fuerteventura eran el capitán Daniel Pena Valiño, nacido en Vitoria, pero con orígenes de A Coruña; los tenientes Carmen Ortega Cortés, de Granada, y Sebastián Ruiz Galván, de Cádiz, y el mecánico sargento Carlos Caramanzana Álvarez, de Valladolid. Un quinto ocupante, el sargento Jhonander Ojeda, fue rescatado vivo a los pocos minutos del suceso. Sin embargo, la mala fortuna quiso que este mecánico falleciera en el accidente ocurrido el pasado 22 de octubre, al precipitarse al mar otro helicóptero Super Puma a unos 74 kilómetros de la costa del Sahara Occidental. En el aparato volaban también el capitán José Morales y el teniente Saúl López, que perecieron.
"Cada uno de ellos tiene una familia y una historia detrás que se truncan por la incompetencia de quienes debían velar por sus vidas", lamentó Sebastián Ruiz Benítez, padre del piloto Sebastián Ruiz Galván, que espera que "en breve" se constituya la plataforma de afectados, que persigue convertirse en "altavoz de los que no pueden hablar", reivindicar "la verdad" de los sucesos y que los poderes público "hagan caso" a los familiares.
Una vez que se funde la asociación, se pondrá en contacto con personas afectadas por desgracias militares, si bien será un colectivo "abierto a la sociedad y a todos aquellos que quieran ayudar".
"Nos gustaría contar con los padres de quienes tristemente acaban de fallecer", apuntó Ruiz, en alusión a los allegados de los tres militares que perdieron su vida hace apenas dos semanas.
Sostiene que el nacimiento de esta plataforma no busca "ir en contra" de las Fuerzas Armadas. De hecho, él sólo tiene palabras de agradecimiento al Ejército del Aire porque es lo que su hijo "amaba y dio su vida haciendo lo que le gustaba". Pero eso no es óbice para exigir rigurosidad en las investigaciones y la depuración de responsabilidades.
Transparencia
"Desgraciadamente en nuestro caso no estaban en los puestos claves las personas más capacitadas y competentes y que pudieran gestionar correctamente lo que nos tocó sufrir", protestó Ruiz, molesto por la actitud mostrada por las altas esferas del Ejército del Aire.
En este sentido, reclamó "transparencia" tanto en la tragedia que se llevó la vida de su hijo como en la última acontecida. "No hay cosa mejor que decir la verdad, insistió.
En su caso, no descarta interponer una querella para esclarecer lo que sucedió el 19 de marzo del pasado año durante una maniobra de entrenamiento nocturno. De momento, el juez togado militar territorial 52 de Las Palmas de Gran Canaria que instruye la causa ha ordenado la práctica de diligencias y sigue solicitando pruebas periciales. El informe de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (Citaam), que "es nombrada por el Ejército y es juez y parte", no contenta a Sebastián Ruiz, que se niega a reducir el accidente a una cadena de errores humanos, como achaca este informe.
En cuanto los parientes de Sebastián Ruiz Galván analicen toda la información disponible, lo someterán a estudio de expertos y, en función de la valoración de los especialistas, reclamarán que se practiquen nuevas pruebas periciales. Eso sí, si concluye la instrucción judicial y "no se celebra una vista oral y un procedimiento para depurar responsabilidades", entonces, una vez agotada la vía militar, acudirán a la vía penal ordinaria", avanzó el padre del militar fallecido, que no entiende por qué "esas cafeteras [los helicópteros Super Puma del 802 Escuadrón del Ejército del Aire] siguen volando".
