La juez que instruye la causa de las presuntas irregularidades en la contratación de programas de la Radio Televisión Canaria (RCTV) ha ampliado la investigación a la última etapa de Guillermo García como director del ente público. En su última providencia, del pasado 30 de octubre, María de Lorenzo-Cáceres y Farizo, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, solicita a los actuales responsables de RTVC que le remitan "de forma urgente" los contratos de adquisición de programas y derechos de emisión entre el 1 de enero y el 5 de mayo de este año, los últimos cinco meses de García al frente de la tele y la radio autonómicas.
María de Lorenzo-Cáceres inició la investigación con los contratos firmados en los primeros años de Guillermo García con la productora Amanecer Latino por un montante de 2,3 millones de euros, empresa cuyo administrador único es su mentor y amigo Francisco Padrón. De hecho, tanto García como Padrón están imputados por presunta malversación de fondos públicos, junto a la exdirectora financiera de RTVC, Lourdes Reyes, por inflar presuntamente los precios de cerca de 300 programas cuatro veces por encima de su valor para beneficiar al administrador de Amanecer Latino y que pudiera saldar una deuda de más de 1,6 millones de euros con la Seguridad Social.
Pero la juez fue ampliando las pesquisas a medida que avanzó la investigación a los siguientes años y a los contratos con otras dos productoras, Siete Mares y Doble Diez Comunicación, esta última para la que trabajó García antes de ser nombrado director general de RTVC en diciembre de 2007. Ahora lo ha hecho con los últimos meses de la gestión de García, en los que firmó al menos cinco contratos con la empresa Report Line Producción Audiovisual por un montante de alrededor de 1,3 millones de euros. Estos programas fueron Abriendo Puertas (sobre los edificios más importantes del patrimonio arquitectónico de las Islas), Parranda Canaria (sobre el folclore isleño) y Venus a la vista (espacio de entrevistas a mujeres destacas presentado por el periodista Andrés Chaves).
La magistrada también solicita al Consejo Rector de RTVC un original o copia compulsada del Protocolo de Actuación para el Estudio de Proyectos Audiovisuales, aprobado por Guillermo García el 21 de enero de 2008, muy poco después de llegar al ente público.
Se da la circunstancia de que la política de contrataciones del exdirector del ente público en su última etapa dejó a la autonómica sin medios económicos para que queda de este año. Esto al menos denunció el sucesor de García, Santiago Negrín, en una entrevista publicada por este diario el pasado 25 de junio. A la pregunta de qué le había dejado García, Negrín contestó: "Las arcas vacías". Y añadió: "El anterior director gastó en cinco meses [el periodo por el que se ha interesado la juez de este caso] la práctica totalidad del presupuesto para programas de este año, concretamente el 95%. Eso quiere decir que de unos 5,3 millones de presupuesto para este año destinados a contratar programación se gastaron en los cuatro primeros meses cinco millones. Con lo cual, nos quedan para producción propia unos 300.000 euros".
Negrín tildó en esa entrevista el comportamiento de su antecesor de "temerario". "Es temerario con el Consejo Rector y con toda la gente que viene", puntualizó.
La juez que dirige la operación Gloria ha ido abriendo diferentes líneas de investigación a medida que fue accediendo a informes y revelaciones de testigos. En la misma providencia del pasado 30 de octubre, María de Lorenzo-Cáceres y Farizo solicita al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que investigue si Rubén Fontes, exjefe de Producción del ente público con García, extorsionó a responsables de ayuntamientos de la provincia de Las Palmas para que favorecieran a Siete Mares SL, una de las productoras que está siendo investigada y de las más beneficiadas durante la etapa de García y el propio Fontes en la tele autonómica.
También solicita que se averigüe qué ocurrió y quiénes, con nombres y apellidos, asistieron a la reunión que convocó Fontes con las productoras canarias nada más ser contratado por RTVC. La magistrada quiere saber "si Rubén Fontes entregó [en esa reunión] una lista de precios [de programas] y si a partir de dicha reunión todas las contrataciones se realizaron a favor de Siete Mares SL con exclusión del resto de empresas que hasta ese momento habían venido trabajando con RTVC".
