A mes y medio de que se celebren las elecciones generales el balance económico de la legislatura estatal en Canarias deja una sensación agridulce. Los resultados de las recetas para cambiar el rumbo de la economía aplicadas por el PP están empezando a percibirse ahora de forma aún tímida pero más consistente que antes, aunque también han desembocado en un importante aumento de la desigualdad laboral y social y en un incremento de los índices de pobreza y de riesgo de exclusión social. Nunca como hasta ahora desde que se restauró la democracia el contraste entre los indicadores macroeconómicos y la situación real de miles de familias ha sido más evidente.
Canarias presume de un PIB que crece por encima de la media nacional y de un horizonte de endeudamiento y déficit público más despejado que la mayoría de las comunidades autónomas. También la incipiente recuperación económica está empezando a tirar del empleo pero, sin embargo, la quiebra social se traduce en el mantenimiento de una elevada tasa de paro que sigue rondando el 30%, más de 50.000 hogares en las Islas no disponen de ningún tipo de ingresos, se cronifica la situación de los desempleados de larga duración y mayores de 45 años y la precariedad del empleo provoca que, aún con ingresos, haya familias que se mantengan por debajo del umbral de la pobreza. Las Islas asisten a esta paradoja a las puertas de unas elecciones generales llenas de incertidumbre sobre su resultado.
Las reformas aprobadas por el Gobierno de Rajoy desde que tomó posesión del poder han influenciado en la economía canaria como en cualquier parte del territorio español. La principal debacle de la economía isleña se produjo aún con el PSOE en La Moncloa ya que los años 2009 y 2010 coincidieron con una mezcla explosiva que hundió a los dos principales sectores sobre los que pivotaba entonces la actividad económica: la construcción y el turismo. El crack inmobiliario y la crisis que atravesó el sector turístico en esos dos años dispararon el desempleo y la recaudación de impuestos cayó en picado. La Comunidad Autónoma tuvo que adoptar medidas drásticas que se tradujeron en fuertes recortes del gasto público, mientras otras comunidades seguían engordando el déficit.
Tras la llegada del PP al poder en diciembre de 2011 la evolución de la economía canaria ha tenido dos fases. En la primera parte de la legislatura se batieron en las Islas todos los récords de paro conocidos hasta ahora, con más de un 33% de la población activa en desempleo al finalizar 2012. La reforma laboral aprobada ese año marcó un punto de inflexión y el mercado isleño tocó fondo al multiplicarse los expedientes de regulación de empleo y las reducciones de plantilla. A este escenario proveniente de las reformas del Estado se unieron las deficiencias propias del mercado laboral de las Islas, con un paro estructural importante y poco permeable para absorber el incremento de la población activa, una tónica dominante frente a otras comunidades autónomas.
La segunda fase de la legislatura supone un cambio en este escenario en el último año con una disminución de la tasa de paro hasta el 28,6% y la creación de más de 20.000 empleos en el periodo interanual. Los empresarios destacan el incremento de la afiliación a la Seguridad Social, entre otras cuestiones por el notable aumento de los autónomos en las Islas. De esta forma la dicotomía es ahora que sube el empleo, pero es más precario y con sueldos más bajos. Una de las principales particularidades de la economía canaria es la bonanza que ha vivido en este periodo legislativo el sector turístico, lo que ha servido de salvavidas para el repunte de la actividad económica.
La cara y la cruz de esta situación la ofrecen dos economistas que tienen visiones muy diferentes del balance económico de la era Rajoy en Canarias. El presidente del Consejo Económico y Social, Fernando Redondo, afirma que esta etapa ha estado marcada por la falta de diálogo social en las reformas de calado que se han llevado a cabo por parte de la Administración. En opinión de Redondo, las clases medias han sido las más afectadas y ahora la recuperación será mucho más lenta, en cualquier caso "al 2007 no se va a volver", advierte. También llama la atención el presidente del CES con el empleo que se está creando ya que "tener un salario ya no garantiza que salgas del umbral de la pobreza" a tenor de lo que denuncian las organizaciones sociales y no gubernamentales.
El economista advierte que el gran reto en esta nueva etapa tanto para el Gobierno canario como para el estatal es el "esfuerzo especial" que hay que hacer con los parados de larga duración y los mayores de 45 años, segmentos de la población con grandes dificultades para su inserción laboral, lo que complica que realmente la recuperación económica llegue a todos por igual.
En el otro lado se encuentra el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José María Grisolía, cuyo balance de estos cuatro años es "muy positivo". En su opinión, "el PIB crece un 3,5%, el Gobierno ha contenido gastos ineficientes, el déficit se ha reducido, el sistema financiero vuelve a estar saneado y el mercado de trabajo se ha flexibilizado permitiendo la generación de empleo". Frente al modelo del Gobierno central, en Canarias Grisolía critica un sistema económico "intervencionista y proteccionista" que desincentiva la inversión y la movilidad laboral. Estos condicionantes "solo favorecen a los buscadores de rentas y debilita la asunción de riesgos", advierte.
"Con frecuencia se suele criticar que el crecimiento del empleo es a base de puestos de trabajo precarios, pero las condiciones laborales se terminan consolidando a la larga y el empleo temporal es mejor que el desempleo", añade el profesor universitario.
Indicadores económicos relevantes como las ventas del comercio minorista, las matriculaciones de vehículos, la venta de viviendas o las exportaciones han ido mejorando a lo largo de estos cuatro años. El sector turístico ha contribuido decisivamente a una buena parte de esta recuperación ya que ha tirado de una parte importante del consumo interno, de las ventas de vehículos, a través de los rent a car, o de la venta de inmuebles gracias a las compras de casas por extranjeros.
Frente a esta recuperación del pulso de la actividad económica, amplios sectores de la población siguen con dificultades sociales y económicas y ni la incipiente recuperación, ni las medidas de choque que adoptan las administraciones públicas han podido aún solventar situaciones derivadas de la propia recesión económica, pero que en Canarias se agudizan aún más por los lastres que arrastra su sistema productivo: falta de cualificación, escasa diversificación de la economía, insuficiente inversión pública en los sectores emergentes y escaso desarollo de la innovación y la investigación.
Si en 2011 las familias sin ningún tipo de ingresos sumaban unas 83.000 con 265.569 parados registrados, en el último dato del pasado mes de octubre con 20.000 parados menos los hogares sin ingresos por prestaciones son ya más de 140.000. Este escenario ha provocado en estos años un crecimiento exponencial de la economía sumergida cercana al 30% del PIB.
Otro condicionante que lastra la atención de las administraciones públicas a los sectores más desfavorecidos es el techo de gasto público impuesto por la Unión Europea y llevada a España a través de la ley de estabilidad presupuestaria. Las comunidades autónomas, cumplan o no con el objetivo de déficit, se han visto obligadas a realizar serios recortes. Canarias, pese a ser una de las cumplidoras, se ha visto afectada directamente por este complejo y difícil escenario.
