El Gobierno canario tiene que devolver al Ministerio de Educación 4,7 millones de euros que estaban destinados a la financiación de nuevas plazas del primer ciclo de educación infantil, es decir, guarderías para niños de 0 a 3 años. Según el Ejecutivo central, el gasto de estos fondos no se ha justificado debidamente por parte de la Comunidad Autónoma a pesar de los requerimientos realizados desde abril de 2014. Ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Educación del Ejecutivo regional, el Ministerio exige la devolución de esta cantidad, en la que se incluye los intereses de demora.
El origen de esta subvención se remonta a 2008, cuando el Ministerio aprobó el Plan Educa3 para crear plazas públicas del primer ciclo de educación infantil y en el que el Estado aportaba el 50% de los fondos y el resto la Comunidad Autónoma. La iniciativa suponía construir nuevas guarderías públicas en distintos municipios de las Islas para ampliar la posibilidad de las familias de integrar a los más pequeños en este tipo de educación.
El convenio fue firmado por la ministra de Educación, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, y la entonces consejera de Educación, Milagros Luis Brito. El departamento estatal repartió 100 millones de euros a las comunidades autónomas para este fin y a Canarias correspondieron 5,3 millones de euros. El pago de la subvención y su publicación en el BOE se produjo ya en 2009.
El requerimiento de la Secretaría de Estado de Educación recuerda que el 23 de abril de 2014, cinco años después de entregar-se la ayuda, se remitió un escrito a la Consejería ante la obligación de enviar la justificación del destino de estos fondos a la creación de plazas de guarderías. Más de un año después, en julio de 2015 se trasladó una resolución en la que se inicia el procedimiento de reintegro de la subvención y se abrió un plazo para la presentación de alegaciones y documentos por parte de la Administración autonómica.
Tras los quince días de plazo transcurridos, el Ministerio entiende que no se ha justificado adecuadamente el gasto de estos fondos, por lo que reclama el reintegro de 3,5 millones de euros por no demostrarse que se han gastado en el fin previsto y 1,1 millones más por los intereses de demora devengados desde el pago de la subvención hasta la fecha de la resolución. En total 4,7 millones de euros que también son notificados a la Delegación de la Agencia Tributaria en Canarias para que proceda al cobro de dicha cantidad.
En el convenio firmado entre las dos administraciones se establece que los fondos transferidos por el Gobierno central se destinará a la construcción de escuelas infantiles públicas en 26 municipios de las Islas: Arucas, La Aldea, Teror, Moya, Valleseco, Tejeda y Artenara en Gran Canaria; Teguise y Haría en Lanzarote; Antigua en Fuerteventura; Güimar, Santa Ursula, Tegueste, Arico, Santiago del Teide, Los Silos, Garachico, Arafo, Buenavista del Norte, Fasnia, Tacoronte, Los Realejos y Adeje en Tenerife; Santa Cruz de La Palma y Breña Baja en La Palma, y Hermigua/ Agulo en La Gomera.
En total la oferta se elevaba a 1.107 plazas de nueva creación -41 por municipio, excepto Arucas que alcanzaba las 82- y un total de 81 unidades. El convenio publicado en el BOE recoge que las escuelas infantiles deberían estar en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2010 y que la aportación del Ministerio de Educación en ningún caso supondrá más del 50% del coste total de la construcción y equipamiento de las escuelas infantiles. La justificación del gasto debía estar antes del 31 de marzo de 2011.
Sin embargo, ni los plazos se cumplieron ni se envió por parte de la Comunidad Autónoma en tiempo y forma el gasto de la partida.
Situación desigual
La situación es desigual seis años después del inicio del convenio en los municipios beneficiados por la construcción y dotación de nuevas guarderías públicas. En Arucas se construyó una guardería en el barrio de Cardones a cuenta de estos fondos y se recepcionó por parte del Ayuntamiento hace escasos meses, sin embargo el concejal de Educación, Gustavo Martín, advierte que aún no hay un acuerdo para abrir el centro ya que la competencia es de la Comunidad Autónoma, pero debe delegarla en la Corporación municipal para gestionarla. El Consistorio debe asumir el mantenimiento del inmueble y el personal debe pagarlo la Consejería de Educación o transferir su coste al municipio, según el concejal. Viera también apunta que faltó financiación para construir una guardería mayor y que finalmente el centro es de 26 plazas, muy lejos de las 82 del convenio.
Por su parte, el alcalde de Moya, Hipólito Suárez, se queja de que su municipio se ha quedado sin guardería pública porque el Gobierno anterior marcó una serie de prioridades al no disponer de los fondos necesarios para ejecutar todas las escuelas infantiles previstas en el convenio. El requirimiento exigido ahora por el Ministerio de Educación para que se le devuelva los 4,7 millones no justificados debidamente impide que se pueda construir la guardería prevista en este y otros municipios.
Por su parte, el municipio de Valleseco ya tiene en funcionamiento la nueva guardería, según confirma su alcalde, Dámaso Arencibia. El centro cuenta con 32 alumnos de 0 a 3 años y ya había una anteriormente gestionada por una empresa pública que ahora se ha transferido al nuevo centro.
Con esta disparidad de criterios, el actual equipo de la Consejería de Educación se ha encontrado con el requerimiento de devolución sobre la mesa y desde el punto de vista jurídico tiene difícil vuelta atrás porque el expediente solicitando el reintegro está terminado y en vía ejecutiva. Algunos alcaldes han mostrado su malestar porque se presupuestaron guarderías en municipios pequeños cuya demanda es insuficiente para contar con un centro de estas características.
