El Gobierno de Canarias se ha colocado el listón demasiado alto. La lentitud de la máquina burocrática mantiene a las Islas a la cola de España en renovables y el plazo para ocupar los 450 megavatios de potencia eólica autorizados por Madrid se agota. Ayer, el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, afirmó que antes de fin de año se dará salida al 63% de dicho cupo.
El 31 de diciembre los promotores deben tener en su mano la declaracion de impacto ambiental positiva si quieren acceder a la retribución específica de 86 euros por megavatio hora. Más allá de esa fecha el horizonte es decididamente oscuro, ya que los empresarios deberán regirse por los precios que marca la subasta energética peninsular, muy alejada de la realidad isleña, donde no existe un verdadero mercado.
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha puesto en manos de Ortega un asunto de primer orden para caminar hacia un mix energético más acorde con el tiempo actual, capaz de rebajar la factura energética del Archipiélago, la dependencia de los hidrocarburos que llegan del exterior y las emisiones de gases nocivos.
Según las estimaciones del consejero, antes de terminar el año serán 280 megavatios los que estén en disposición de hacerse realidad. "127 son de Gran Canaria repartidos en nueve parques; otros 113 megavatios, con ocho parques, son de Tenerife; 23 megavatios, de Fuerteventura; nueve, de Lanzarote; 3,6, de La Gomera, y otros 3,6 megavatios, de la isla de La Palma", detalló.
400 millones de inversión
En cifras, sacar adelante todos esos proyectos garantizará una invesión de 400 millones de euros . Los aerogeneradores serán capaces de "reducir en 75 millones anuales el coste de producir electricidad en relación a los combustibles fósiles", afirmó Pedro Ortega. Varios de esos proyectos ya cuentan con autorización administrativa, es decir, más de lo que se les exige. Otros disponen de la declaración de impacto ambiental que se les pide y el resto están a la espera de obtenerla y son los que provocan el ir y venir por los pasillos de la consejería que dirige Ortega y la de Política Territorial y Medio Ambiente, que conduce Nieves Lady Barreto. El cronograma que maneja el Ejecutivo sostiene la tesis del cumplimiento del plazo, pero el detalle del trabajo técnico mantiene las dudas entre los inversores.
El consejero Ortega detalló esa información tras una pregunta del diputado socialista Gustavo Matos, quie atribuyó a "los Soria" la marcha dubitativa de las energías renovables en las Islas. Se refirió así a la etapa de Luis Soria como consejero, cuando estalló el caso Eólico y a la actual de José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo.
Sobre este último Matos se preguntó el porqué de fijar un plazo máximo para la inscripción de los parques en el registro que da derecho a una retribución específica para Canarias. En clave electoral, el socialista avanzó que su partido lo ampliará hasta que se colme la totalidad de los 450 megavatios previstos en caso de gobernar tras los comicios de diciembre.
Los parlamentarios de Podemos también se apuntaron ayer al debate en clave energética. La diputada Concepción Monzón preguntó al presidente Fernando Clavijo los motivos que le llevan a apostar por el gas en lugar de hacerlo por las renovables. El jefe del Ejecutivo rechazó esa dicotomía, señalando que la discusión está entre gas y petróleo y que su hoja de ruta irrenunciable conduce a generar en 2050 el cien por cien de la demanda energética canaria con fuentes renovables.
"Me alegra que estemos de acuerdo", expuso Clavijo en referencia al deseo de ambos de que los combustibles fósiles dejen de ser una necesidad para encender los bombillos de las casas. "No apueste por unos pocos", le había recomendado poco antes Concepción Monzón.
En otro orden de cosas, Monzón presentó poco antes de iniciarse el pleno, junto a sus compañeras María del Río y Noemí Santana (portavoz del grupo parlamentario), una estrategia legislativa para combatir la pobreza energética. Según detalló la portavoz, esta exige la existencia de fondos "autonómicos, estatales y europeos" para subvencionar el pago del recibo energético a los más desfavorecidos, en concreto a aquellos hogares en los que este gasto supere el 10% de los ingresos.
También se beneficiarían de la medida aquellas familias que están percibiendo la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o cuentan con ingresos similares. "Siempre con un informe preceptivo de los servicios sociales municipales", detalló la portavoz de Podemos en la Cámara regional.
La cobertura propuesta tiene carácter progresivo en función de las particularidades de cada hogar. Así, aquellos que padecen una situación de pobreza extrema tendrían cubierto el cien por cien, entre el 35% y el 50% los que sufran pobreza severa, "en función de si tienen menores u otras personas a su cargo", y del 20% los que se encuentran en situación de pobreza relativa.
La iniciativa legislativa presentada ayer y que se debatirá en el Parlamento en fechas próximas incluye también un plan educativo de eficiencia energética capaz de cambiar hábitos y reducir el consumo de energía en los hogares canarios. Por ejemplo, explicando la necesidad de potencia real que se tiene para no tener contratada una mayor que, lógicamente, deriva en una mayor cuantía a desembolsar.
Podemos presentó también una proposición no de ley que se debatirá hoy y en la que insta al Gobierno canario a dirigirse a Madrid para modificar el sistema de bono social. El objetivo es que sea la renta disponible el factor principal para determinar quiénes pueden acogerse a él.
