El Gobierno canario ha dejado de ejecutar 7,2 millones de euros en los sucesivos convenios firmados con el Estado para la construcción de nuevas guarderías. A los 3,5 millones que tendrá que devolver por el requerimiento interpuesto por el Ministerio de Educación, hay que añadir 3,7 millones más que la Comunidad devolvió a Madrid entre 2011 y 2013 ante la imposibilidad de poder ejecutar los proyectos en los plazos establecidos en los convenios.
La consejera de Educación del Ejecutivo regional, Soledad Monzón, reconoció ayer en el Parlamento que en varias de las reuniones celebradas con el Ministerio se solicitaron prorrogas y más plazos para invertir los fondos transferidos, que en unos casos no se produjeron y en otros sí.
En relación con el requerimiento que obliga al Gobierno autonómico a devolver 4,7 millones -3,5 de fondos no ejecutados y 1,2 de intereses de demora- Monzón desveló que en marzo de 2010 los representantes de la Consejería de Educación plantearon "cambios sustanciales" del contenido del convenio. El motivo principal, según el departamento autonómico, era que los ayuntamientos incluidos en el acuerdo o no habían respondido a la solicitud de disponer de suelo necesario para edificar las escuelas infantiles o los terrenos que se ofrecían no reunían las condiciones idóneas. Dos años después, Canarias reconoció en un escrito dirigido al Ministerio de Educación el retraso que acumulaba desde 2010, lo que incluso provocó que renunciara a un nuevo reparto de fondos a condición de que se permitiera alargar el periodo de ejecución del plan.
Sin embargo, no consta en la Consejería que esa petición de aplazamiento fuera firmada por las dos partes, por lo que esos fondos se quedaron sin ejecutar y tres años después ha venido el requerimiento, que se encuentra ya en vía de reintegro.
2016 no se toca
Soledad Monzón aclaró que los 4,7 millones que tiene que devolver el Ejecutivo a Madrid no se restarán de los presupuestos de 2016, sino que procederán de partidas de las cuentas de este año que no se podrán ejecutar en la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. El pago de esta cantidad se tendrá que abonar al Estado antes de finalizar el año.
La consejera de Educación también hizo mención a la labor de la Consejería de Economía y Hacienda en 2009, a cuya frente estaba el hoy ministro José Manuel Soria. Según Monzón, la partida de más de 5,3 millones de euros que traspasó el Estado en el primer convenio "nunca fue transferida desde la Consejería de Economía y Hacienda a la de Educación, que afrontó el desarrollo del plan con fondos obtenidos a partir de las economías que hubo de realizar en otras partidas del presupuesto".
Según los datos facilitados por la titular de Educación, el Plan Educa3 se ha saldado en Canarias con una inversión ejecutada de 7,3 millones de euros y 11 escuelas infantiles terminadas, que suponen la aportación al sistema de atención de niños de 0 a 3 años de 478 nuevas plazas. A través de estos convenios llegaron a las Islas 9,5 millones de euros en total, de los que 2,1 millones fueron devueltos en una primera tanda, a los que se sumó en 2013 1,6 millones más.
Los grupos de la oposición recriminaron al Ejecutivo que se haya tenido que llegar a esta devolución de fondos públicos por falta de ejecución ante las necesidades de la primera etapa de la educación infantil. La parlamentaria del PP Lorena Hernández criticó la "desidia" y la "ineficacia" de la Consejería de Educación en la gestión del Gobierno anterior, mientras que la diputada de Podemos, Asunción Delgado, tachó de "vergüenza" que se haya llegado a esta situación.
Las explicaciones de la consejera en la Comisión de Educación del Parlamento se produjeron a una pregunta del diputado de Nueva Canarias Luis Campos, el cual criticó que desde 2011 el Gobierno regional abandonara a los ayuntamientos y las familias que reciben el servicio de las escuelas infantiles y sólo mantuvieran las ayudas para las de su propiedad. Campos destacó que tampoco en 2016 hay fondos en el presupuesto autonómico para esta etapa de la educación y aseguró que "falta un modelo" de educación infantil por parte de la Comunidad Autónoma y que son los ayuntamientos los que deben asumir una competencia que no es propia con sus fondos y con la "presión de las familias", que demandan soluciones.
