El exdirigente de Coalición Canaria y exdiputado en el Congreso José Carlos Mauricio ha comparecido hoy ante el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria como imputado por un delito de falsificación de documentos.
La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional lo ha denunciado por usar su fundación para contratar a una ciudadana cubana de forma fraudulenta, con la única finalidad de regularizar su situación en España. Mauricio, en cambio, ha defendido la legalidad del contrato y de los servicios prestados para su fundación por la empleada, que es pareja del decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
El veterano político ha aportado el contrato laboral y el alta en la Seguridad Social de la trabajadora, al tiempo que ha calificado la actuación judicial de desproporcionada, pues considera que han ido a por él como si fuera una pieza de cazar mayor y ve connotaciones tanto políticas como mediáticas en la investigación.
Mauricio, el decano y la pareja de éste fueron citados esta mañana por el magistrado Salvador Alba, que se ha hecho cargo del Juzgado de Instrucción número 8 tras la excedencia pedida por Victoria Rosell para dedicarse a la política (se presenta a las elecciones generales como número uno en la lista de Podemos por Las Palmas al Congreso).
Alba, que es magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, se hizo cargo del juzgado hace dos semanas y desde entonces ha impulsado varios asuntos que se encontraba parados en el Juzgado, entre ellos la denuncia de la Brigada de Extranjería contra el fundador de ICAN.
El abogado laboralista Diego Léon, que también estuvo vinculado a esa formación política, ha asumido la defensa de Mauricio y espera que la causa se archive tras las explicaciones dadas al juez instructor. Los imputados se negaron a declarar en la Jefatura Superior de Policía de Canarias al ser citados como detenidos la semana pasada.
