Sanidad reconoce el retraso en la atención a los inmigrantes irregulares

Jesús Morera reconoció que ha habido una demora en este ámbito en una comisión parlamentaria a petición de Nueva Canarias, cuyo diputado Román Rodríguez lamentó que en Canarias no se ha resuelto esta cuestión y sí en otras comunidades autónomas que han tenido valentía política y argumentos jurídicos y de solidaridad.

El consejero dijo que el acceso a una sanidad universal y pública es una seña de identidad del sistema español y, tras la aprobación del decreto estatal que limita la atención a los extranjeros en situación irregular, para el Gobierno canario ha sido una prioridad recuperar la cobertura para restablecer este derecho.

Por ello el Consejo de Gobierno de Canarias acordó en agosto realizar los trámites oportunos que reponer la atención sanitaria a las personas privadas de ella y como consecuencia, la Consejería de Sanidad "cruza informes y contrainformes" con las de Economía, Hacienda y Presidencia con este objetivo.

"Estamos tardando más de lo que quisiera, es verdad, pero es en aras de conseguir una norma adecuada y correcta, con su implicación económica, y lo vamos a conseguir espero que más pronto que tarde", añadió Morera, quien subrayó que hay "voluntad política de arreglar esta cuestión".

Hay que respetar el que los trámites sean los adecuados, insistió, para que la norma sea correcta, pues la de Valencia está suspendida por un recurso del Estado.

Añadió el consejero que se trata de recuperar la asistencia para personas en situación irregular en atención primaria, especializada y la prestación farmacéutica, en la que deberían abonar el porcentaje estándar, de un 40 por ciento del importe, y se excluye la asistencia fuera de la Comunidad Autónoma.

Román Rodríguez recordó que el decreto estatal se aprobó en abril de 2012 y sin embargo, otras comunidades autónomas no tuvieron dudas y no interrumpieron en ningún momento la atención sanitaria.

Sin embargo Canarias aprobó "bajo presión" una primer orden en diciembre de 2012 que causó "alarma" porque se exigían tantos requisitos para volver a tener una tarjeta sanitaria "que creo que ni nosotros los cumplimos".

La prueba es que tras la aprobación del decreto estatal se dieron de baja 48.652 tarjetas sanitarias y con la orden del Gobierno de Canarias sólo la recuperaron 42 personas, afirmó Rodríguez.

Ello llevó a una modificación de la orden en agosto de 2013, continuó el diputado de Nueva Canarias, pues tras "el fracaso" se suavizaron los requisitos pero, siete meses después, sólo 367 personas habían recuperado la tarjeta sanitaria.

Asimismo el diputado dijo que está "harto" de que el Gobierno canario argumente que no puede adoptar medidas que supongan incumplir el déficit y proclamó: "¡venga ya!, no van a cerrar a Andalucía, al País Vasco ni van a cerrar Canarias porque además, no les queda tiempo".

El diputado socialista Marcos Francisco Hernández apuntó que su partido planteó derogar el "nefasto" decreto estatal y sus reivindicaciones cayeron en saco roto hasta que hubo gobiernos autonómicos progresistas que han recuperado la atención a inmigrantes irregulares.

Juan Márquez, del grupo Podemos, afirmó que no entiende por qué en otras comunidades se ha tardado poco tiempo en restablecer el derecho a los inmigrantes y Casimiro Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera, aseveró que a veces la voluntad política no coincide con la económica, por lo que coincidió con el consejero en que no se pueden correr riesgos y que un precepto sea declarado inconstitucional.

Elena Luis, diputada del grupo Nacionalista Canario, se mostró convencida de que el consejero de Sanidad está haciendo "esfuerzos" para devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares porque es una cuestión de salud púbica "y de humanidad", pero también recordó que hay dificultades presupuestarias "tremendas" que ha debido soportar la sanidad canaria en los últimos cuatro años.