Además del criterio de la renta familiar, el Gobierno canario está considerando establecer en el futuro decreto de adjudicación de viviendas del parque público otros posibles baremos, como haber sido víctima de violencia machista, ser discapacitado o tener familia numerosa.
Así lo ha detallado hoy la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, tras reunirse con la mesa de trabajo que se organizado con el fin de abordar la elaboración del decreto de adjudicación de viviendas de parque público por puntos.
La vicepresidenta, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que "hay que dejar a la suerte lo que es de la suerte", en alusión a que actualmente se adjudican las viviendas públicas por sorteo, lo que a su juicio genera situaciones "sangrantes" de injusticia.
El objetivo de la mesa de trabajo reunida hoy es diseñar los criterios de baremación que se establezcan en el futuro decreto de adjudicación de viviendas del parque público, de tal forma que se otorgue al proceso de adjudicación una mayor transparencia.
"Hemos establecido métodos de trabajo para fijar baremos que pretendemos que sean transparentes y justos y que la sociedad se vea reflejados en ellos", ha asegurado la consejera, quien ha avanzado que cuando los trabajos estén más avanzados se tendrán que sumar los sectores más implicados, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Según la vicepresidenta, en Canarias hay 15.000 demandantes de vivienda pública, aunque podría haber más personas que, pese a no estar registrados, cumplieran las condiciones al acceso de una vivienda pública.
La vicepresidenta, que ya había anunciando el pasado mes de septiembre en comisión parlamentaria que el Ejecutivo va a suprimir los sorteos para acceder a una vivienda pública, ha reconocido que se ha "escandalizado bastante" cuando ha visto por la televisión que al lado de una persona celebraba que le había tocado el sorteo de una vivienda había otra con más necesidad.
"Esta situación es sangrante, no pueden suceder, no deben suceder", de ahí la importancia de baremar este tipo de situaciones, ha señalado.
En la reunión estaban convocados la directora del Instituto Canario de Igualdad, Mariam Franquet; así como representantes de la FECAM, de los colegios profesionales de Abogados de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y de los dos colegios de Trabajadores Sociales de ambas provincias.
