Los dos aspirantes a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC coincidieron ayer en apostar por una clara potenciación de los mecanismos de mediación judicial para la resolución de los conflictos planteados ante los juzgados El objetivo es doble: agilizar la administración de justicia y reducir los asuntos pendientes en los saturados tribunales competentes en la materia. Tanto el actual presidente de la sala, César García-Otero, que aspira a un segundo mandato, como su contrincante, Cristina Páez, magistrada y presidenta de la Sección Segunda de esta misma sala, abogaron por esta "posibilidad alternativa" de resolución extrajudicial y se comprometieron en sus respectivos compromisos programáticos a impulsar la mediación.
César García- Otero, que parte como gran favorito para mantener la plaza, aseguró que "hay en Canarias una cultura importante de la mediación y de los acuerdos extrajudiciales que debe aprovecharse y potenciar esos instrumentos para mejorar y agilizar la administración de justicia, siempre bajo el control del CGPJ". Cristina Páez, que ya compitió en 2010 con el actual presidente por el puesto, señala por su lado que "los ciudadanos descubren con entusiasmo que hay una tercera persona que no es el juez podría enseñarle otros caminos para llegar a un acuerdo", y abogó por potenciar los mecanismos de mediación.
En la defensa de su candidatura ante la Comisión de Calificación del órgano de gobierno de los jueces, García-Otero destacó que la insularidad en Canarias en materia de administración de justicia planeta "importantes disfunciones" en las materias que atiende la sala de los Contencioso-Administrativo y abogó por la modernización y mejora del sistema de videoconferencias para resolver los "problemas" con Lanzarote y Fuerteventura, cuya actividad representa el 30 por ciento del conjunto de la sala. "Es importante que se mantenga y se mejore ese sistema, que ahora presenta dificultades, que permite que los testigos no tengan que desplazarse". También abogó por la celebración de juicios en las dos islas menores de la provincia incluso para le celebración de audiencias públicas. "Mi compromiso es seguir buscando fórmulas para evitar los perjuicios derivados de la insularidad y acercar la justicia a todos los ciudadanos", aseguró.
Tras recordar que desde su llegada a la presidencia de la Sala en 2010 se ha recortado la diferencia entre cada una de los sus dos secciones aseguró que su principal medida en el futuro sería "propiciar un cambio en las normas de reparto de forma que se pueda equilibrar aún más la pendencia entre las dos salas".
Cristina Páez, por su lado, se comprometió en este mismo sentido por una plena "interrelación con los compañeros y con todo el colectivo judicial" y con una presidencia de Sala "de presencia diaria y con la puerta abierta para todo el mundo, y el compromiso de alcanzar cotas altas de modernización relacionándome con los letrados de la administración de justicia". Destacó la especialización de cada una de las salas como una de las características que condicionan su trabajo, una muy centrada en materia de medio ambiente y la otra en derecho tributario y la contratación, así como "por ser un sitio donde coinciden una serie de elementos muy importantes a la hora de tratar los asuntos en los tribunales como son la escasez de suelo, el creciente movimiento del turismo, y la reclamación de múltiples asociaciones medioambientalistas que luchan para evitar la presión sobre el territorio".
Todo esto, según ella, "hace que los procedimientos de las salas se convierten en algo verdaderamente difícil".
Resaltó que el punto esencial de su programa es "la revitalización de las funciones del presidente de la sección segunda", porque el actual sistema de reparto de tareas, tras una decisión del presidente de la Sala en 2011, está provocando una mayor pendencia en la resolución de asuntos. Según dijo, entre 2007 y 2010 la pendencia de la sección segunda disminuyó en un 7,4%, mientras que desde 2010, cuando la presidencia de la sección segunda carecía de contenido, aumentó la pendencia en un 26,9%.
De otro lado, el actual presidente de la Sala de lo Social del TSJC, Humberto Guadalupe, compareció también ayer ante el CGPJ como único candidato al cargo y aspira así a su cuarto mandato consecutivo en una de las estancias judiciales más activas del Archipiélago. Guadalupe, que hace más de dos años pugnó sin éxito por la presidencia del TSJC frente a José Ramón Navarro, defendió ayer su actuación durante 15 años al frente de la Sala de lo Social y presentó por ello un programa continuista que siga impulsando el desarrollo de esta instancia judicial. Destacó la puesta en marcha de medidas de coordinación y de control de los refuerzos que hay en los juzgados de los social en ambas provincias, e insistió en que va a mantener "una línea de continuidad en la medida en que en estos momentos la sala está absolutamente al día y eso es fruto de la labor que hemos venido haciendo hasta ahora".
"Mi programa es mantener la línea actual, la sala al día, el volumen de señalamientos que hay, e intentar reducir la respuesta de los temas", aseguró el magistrado, asegurando que si sigue en la presidencia en menos de cinco meses habrá logrado que los asuntos puedan ser señalados sólo un mes después de su entrada en el registro. En la actualidad, se están señalando asuntos que entraron en la Sala en septiembre. Guadalupe recordó que en el 2000, cuando accedió al cargo, la Sala tenía tres magistrados, registraba 1.100 asuntos y tenía una pendencia de más de 700 asuntos, y que en el 2001 se disparó hasta 1.600 asuntos y en el 2002 y 2003 se produjo "una debacle porque se registraron más de 2000 asuntos cada año", lo que supuso que en el 2004 había una pendencia de más de 3000 asuntos. "La sala de los social de Las Palmas ha sido históricamente una de las salas que ha tenido más pendencia" destacó. Recordó que el CGPJ aprobó una serie de medidas de refuerzo y que "cuando empezaba a funcionar, vino la crisis y volvimos a saltar a los 2.500 asuntos de registros". Explicó que tras conseguir que cubrieran dos plazas vacantes , ello ha permitido "la caída de un 40% de registros, y en la actualidad estamos al día".
