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Mauricio se enfrenta a 10.000 euros de multa si se verifica que falseó un contrato

El exdiputado tacha de cacería judicial y mediática su imputación por emplear a una extranjera novia de un amigo, a la que le expiraba el permiso de residencia

José Carlos Mauricio declaró ayer ante el juez por la presunta contratación ilegal de una extranjera, en la Ciudad de la Justicia. SANTI BLANCO

José Carlos Mauricio se enfrenta a una sanción de 10.000 euros de confirmarse que contrató de forma fraudulenta a una ciudadana cubana a través de su fundación, con la única finalidad de regularizar su situación en España. El exdirigente de Coalición Canaria y exdiputado en el Congreso declaró ayer ante el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, junto al decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Manuel Benítez, y su compañera sentimental, la mujer de origen cubano, Mayra Despaigne.

Los dos primeros están imputados por presuntos delitos de falsificación de documento y por favorecer la inmigración mientras que la mujer sólo por el de falsedad. La Fiscalía ve indicios para continuar con la tramitación contra los imputados, según fuentes consultadas. Los presuntos delitos que se les atribuyen están aparejados con penas de cárcel y multas administrativas, aunque Mauricio recalcó ayer que, en caso de que este "desproporcionado" asunto siguiera adelante, se expondría a una condena que consistiría, "en un supuesto de culpabilidad, a una sanción que puede llegar a 10.000 euros" de cuantía, conforme a lo previsto en el Código Penal.

Subrayó, además, que tras la referida investigación, que ha generado 400 folios de documentación, solo podría acusársele de una infracción menor. En su opinión, se trata de "un hecho mínimo, que ocurre aquí todos los días". En cualquier caso, negó en todo momento la veracidad de las acusaciones y, de hecho, aportó el contrato laboral y el alta en la Seguridad Social de la trabajadora cubana, al tiempo que calificó la actuación judicial de "desproporcionada". Al respecto, considera que han ido a por él como si fuera una "pieza de cazar mayor" y ve connotaciones tanto políticas como mediáticas en el proceso.

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En este asunto existe "una conexión entre un sector mediático y un sector judicial", expresó Mauricio, y si bien no quiso citar nombres apuntó a que es muy probable que pida una investigación.

El magistrado Salvador Alba se ha hecho cargo del Juzgado de Instrucción número 8 tras la excedencia pedida por Victoria Rosell para dedicarse a la política (se presenta a las elecciones generales como número uno en la lista de Podemos por Las Palmas al Congreso). Para Mauricio, se ha tratado de realizar eso que llaman "el asesinato mediático de la imagen", en este caso la suya, algo que "ya es tradición en algunos medios digitales especializados en Canarias en este tipo de campañas", indicó. "La prueba de ello es que nada más iniciada la instrucción se filtraron ya en internet, en el mes de agosto, datos sobre el supuesto caso", que instruía entonces la jueza Rosell, quien se ha negado a hablar de este asunto al estar ya en excedencia.

A juicio de Mauricio, la cantidad de medios destinados a investigarle obedece a que "debe ser que estaban buscando otra cosa" que pudieran imputarle. "Algo raro tenían que buscar, porque dedicar tanta policía, tanta inspección, tantos estudios, tantas horas de investigación a este hecho", la falsedad en un contrato a una extranjera, no parece lógica, expuso. Los hechos investigados consisten únicamente en que él dio empleo a una mujer cubana, novia de un conocido, porque lo necesitaba, y ella "aprovechó el contrato para pedir el permiso de residencia que llevaba reclamando hacía mucho tiempo" en España, y además desarrolló con corrección el trabajo que tenía encomendado, argumentó.

La acusación se basa en que trabajó "poco" en la fundación, de forma esporádica, y que, por tanto, el contrato es ficticio. Mauricio sostiene que la mujer trabajaba en ocasiones desde su casa pues realizaba una labor de documentación para un estudio que le encargaron sobre el sector turístico en el sur de Gran Canaria en enero de 2015. El contrato duró cinco meses y quedó satisfecho con el trabajo de la ciudadana cubana, indica. Es más, sostiene que ella ahora está contratada en otra empresa (Ceture) en las mismas labores. Con todo, reconoció que el contrato también lo hizo porque se lo pidió su amigo, y de este modo los ayudaba a ambos a regularizar su situación en el país, mediante el arraigo familiar.

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