Además del criterio de la renta familiar, el Gobierno canario está considerando establecer en el futuro decreto de adjudicación de viviendas del parque público otros posibles baremos, como haber sido víctima de violencia machista, ser discapacitado o tener familia numerosa. Así lo adelantó ayer la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, tras reunirse con la mesa de trabajo constituida para elaborar del decreto de adjudicación de viviendas públicas por puntos.
La vicepresidenta apuntó que "hay que dejar a la suerte lo que es de la suerte", en alusión a que actualmente se adjudican las viviendas públicas por sorteo, lo que a su juicio genera situaciones "sangrantes" de injusticia.
El objetivo de la mesa de trabajo reunida ayer es diseñar los criterios de baremación que se establezcan en el futuro decreto de adjudicación, de tal forma que se otorgue al proceso de adjudicación una mayor transparencia. "Hemos establecido métodos de trabajo para fijar baremos que pretendemos que sean transparentes y justos y que la sociedad se vea reflejados en ellos", aseguró la consejera, quien avanzó que cuando los trabajos estén más adelantados se tendrán que sumar a la misma los sectores más implicados, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Demandantes
Según la vicepresidenta, en Canarias hay 15.000 demandantes de vivienda pública, aunque podría haber más personas que, pese a no estar registrados, cumplieran las condiciones para ser adjudicatario.
Hernández, que ya había anunciando el pasado mes de septiembre en comisión parlamentaria que el Ejecutivo va a suprimir los sorteos para acceder a una vivienda del parque público, reconoció que se ha "escandalizado bastante" cuando ha visto por la televisión que al lado de una persona que celebraba que le había tocado en el sorteo una vivienda había otra con más necesidad. "Esta situación es sangrante, no pueden suceder, no deben suceder", de ahí la importancia de baremar este tipo de situaciones, señaló.
En la reunión de ayer estaban convocados la directora del Instituto Canario de Igualdad, Mariam Franquet, así como representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), de los colegios de Abogados de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y de los colegios de Trabajadores Sociales de ambas provincias.
