El Gobierno de Canarias podrá en marcha un plan para fomentar el acogimiento familiar con el objetivo de que ningún niño de menos de seis años, declarado en desamparo, viva en un centro de menores. En la actualidad la Comunidad Autónoma tiene bajo su tutela a algo más de 40 niños de entre tres y seis años -ninguno por debajo de esa edad-. La vicepresidenta y responsable de la cartera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, explicó ayer que aunque en esos centros están "perfectamente atendidos por buenos profesionales, el desarrollo de un menor es pleno si convive en familia". De ahí, apuntó, la necesidad de potenciará el programa del banco de familias acogentes, "mejorando la sensibilización de la sociedad canaria".

Hernández realizó estas declaraciones en el marco de los actos celebrados por el Día Internacional de la Infancia, que tuvieron lugar ayer en Las Palmas de Gran Canaria. La jornada también contó con la participación del Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, y del director general de Infancia y Familia, Mauricio Roque.

Precisamente Roque llamó la atención sobre las contradicciones de la nueva ley estatal de protección a la infancia a la adolescencia, que entró en vigor el pasado mes de agosto, y que mientras por una parte refuerza el sistema de protección de los menores en desamparado de otra, en aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, restringe el gasto público tanto en dotaciones como en retribuciones o personal.

La ley obliga a poner en marcha centros específicos para menores con problemas de conducta, exige planes de actuación personalizados o la adaptación a criterios de calidad de los centros de acogida que gestionan los cabildos, entre otras novedades,. Todo ello, apunta el director de Infancia, "requiere un esfuerzo presupuestario". Las cuentas de la Comunidad Autónoma para 2016 contempla un aumento del 10% para el sistema de protección.