La recaudación de impuestos se dispara en Canarias. La buena marcha del sector turístico y del consumo está superando con creces las previsiones de ingresos por el IGIC y según avanzó ayer la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, las estimaciones de la Agencia Tributaria están siendo superadas en un 27% con respecto al objetivo inicial antes del cierre de noviembre. Hasta el mes de octubre la recaudación líquida del principal impuesto indirecto de las Islas fue de 1.026 millones de euros, cerca de 40 millones más que en el mismo periodo de 2014.
La consejera de Hacienda del Gobierno canario asegura que no sólo se trata de una buena noticia para las arcas públicas sino, sobre todo, "un mensaje muy potente para el conjunto de la economía canaria de que hay una recuperación de la actividad". Dávila reconoce que las previsiones de los técnicos suelen ser "prudentes" pero que el nivel de ingresos está muy por encima del previsto.
Pese a este aumento significativo de los ingresos fiscales y las expectativas de crecimiento para el próximo año, las cuentas de 2016 recogen un aumento de la recaudación de los impuestos de un 5% -1.300 millones por el IGIC- y de un 11,8% de los tributos directos. Dávila reiteró la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y el incremento de un 15% del gravamen sobre las labores del tabaco en el tipo doble específico y en el precio de referencia.
La consejera de Hacienda participó ayer en una conferencia organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) para explicar el presupuesto regional de 2016, celebrada ante un nutrido grupo de empresarios, directivos, abogados, economistas y financieros en la capital grancanaria. La titular de Hacienda fue presentada por la directora general de Altadis en Canarias, Tamara Teixo, empresa patrocinadora del acto.
Dávila presumió de que Canarias "sobrecumple" con los objetivos de estabilidad presupuestaria, de tal forma que reducirá el déficit al 0,1% en 2016 frente al 0,3% que tiene autorizado. De esta manera las Islas se adelantan al déficit cero planteado para 2018. Asimismo, la Comunidad Autónoma tampoco llegará al límite de endeudamiento, por lo que Hacienda se ahorrará pedirle a los bancos 70 millones de euros. "No vamos a consumir la totalidad de la deuda autorizada, no lo necesitamos", subrayó Dávila, a la vez que matizó que, aunque lo haga, tampoco lo podría gastar en políticas públicas porque el techo de gasto lo impide. De esta forma, las cuentas canarias están condicionadas por los recortes realizados en ejercicios anteriores, dándose la paradoja de que las comunidades cumplidoras como Canarias está limitadas por el techo de gasto -establecido en el 1,8%- mientras que las regiones que no están cumpliendo el objetivo de déficit están sufriendo ahora los ajustes que ya realizó Canarias, pero no tienen la obligación de cumplir con esta exigencia de limitar su gasto real.
La paga extra, en el aire
La consejera de Hacienda explicó que el abono del 50% de la paga extra del 2012 a los empleados públicos no está presupuestada porque supondría un gasto de 66 millones de euros que no se puede permitir ahora la Comunidad Autónoma, porque dejaría sin crecimiento real a las cuentas autonómicas. "Los sindicatos entendieron que tendría mala prensa que la devolución de la paga impidiera destinar partidas a los gastos sociales, por lo que queda pendiente en la ley a un posible crédito extraordinario o a los ahorros o modificaciones que se puedan realizar", agregó.
La dirigente nacionalista insistió en los problemas presupuestarios a los que tiene que enfrentarse el departamento que dirige como consecuencia del sistema de financiación autonómica y la rigidez de la estabilidad presupuestaria. Dávila se escuda en estas limitaciones para justificar el escaso incremento de la inversión pública (+3,1%) y que la mayor parte del gasto efectivo se destine a las partidas sociales y a las políticas activas de empleo, para que llegue la prestación canaria de inserción y las ayudas a la dependencia a todos los usuarios que tienen derecho a las mismas.
En el coloquio posterior algunos de los presentes en el acto demandaron medidas de dinamización económica, entre ellas que se derogue definitivamente la moratoria turística para impulsar la construcción y se genere empleo. En relación con este asunto, Dávila cree que la moratoria "tuvo sentido en su momento" pero que ahora no deben existir restricciones, por lo que el Gobierno se está replanteando los límites al crecimiento turístico siempre y cuando se realice en suelo clasificado. Por ello se ha constituido una mesa de trabajo para impulsar una nueva ley del territorio e introducir modificaciones en la ley de renovación turística que agilicen los proyectos de nuevos establecimientos turísticos que tienen problemas legales y burocráticos para edificarse.
