El Gobierno de Canarias negocia con el Estado la incorporación de 40 inspectores de trabajo para que el año que viene, y en una campaña intensiva, realicen 1.600 inspecciones laborales en empresas de los sectores de la hostelería, comercio y servicios el año próximo dentro del Plan de lucha contra la explotación laboral, para lo cual se ha previsto una partida "sin cerrar" en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Esta campaña de inspecciones "se llevará a cabo en dos fases durante seis semanas", anunció ayer la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas sociales y Vivienda, Patricia Hernández, aunque no quiso precisar cuándo dará inicio para evitar las "altas inducidas" en la Seguridad Social. En cualquier caso, subrayó, se llevará a cabo "en la época en que se piensa que hay un aumento de la contratación temporal no clara".

Hernández explicó ayer en comisión parlamentaria, a instancias de Nueva Canarias, que en una comparativa desde finales del año 2011 -antes de que el Partido Popular aprobara la reforma laboral- hasta la actualidad, se confirma el incremento del número de horas extraordinarias no retribuidas o el número de contratos a tiempo parcial que en realidad son a jornada completa. Aseveró que "hoy hay menos afiliados a la Seguridad Social y menos empleados que cuando el PP llegó al Gobierno de la nación" y "aquellos que han encontrado trabajo o lo han mantenido, han visto empeorar sus condiciones laborales porque no tienen más remedio".

Hernández aseguró que "el 60% de las horas extraordinarias no se remuneran" y que "se está saliendo de la crisis de forma desordenada, con trabajadores que no mejoran sus derechos laborales ni sus condiciones retributivas y donde un 22% de los trabajadores de España se encuentran en situación de pobreza y desempleados que no ven la hora de encontrar trabajo".

La consejera denunció que las irregularidades que se están produciendo en el mercado de trabajo se producen por una reforma laboral que "vino a quitar el paraguas cuando más llovía" y que con ella "lo que se agilizó fueron los despidos, en tramitación y abaratamiento, y no las contrataciones".

"Hay alguna relación entre la destrucción de contratos y las horas trabajadas, pero no remuneradas", señaló la vicepresidenta, quien informó que el día anterior había mantenido ya una reunión con representantes del Ministerio de Trabajo para formalizar el convenio que reforzará la Inspección.

El diputado del PP Jorge Rodríguez arremetió contra el resto de los grupos parlamentarios que coincidieron en descalificar la reforma laboral. "Parece que antes de 2012 vivíamos en una situación idílica cuando no hay nada más lejos de la realidad: El marco legal de entonces no evitó una masiva destrucción de empleo ni que el que se creaba era de calidad". Y en tono molesto sentenció que "Canarias no es un campo de esclavos, ni estamos en la época de Escarlata O'Hara".